La crisis migratoria que ha desbordado Ceuta ya ha provocado sus primeras consecuencias dentro de la propia estructura de la Moncloa. La Presidencia del Gobierno ha cesado a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) después de que publicara en la web oficial del organismo un informe con los datos que en ese momento manejaba el Ministerio del Interior sobre la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma. Según adelanta El Confidencial, tanto Presidencia como el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska entendieron que esa información tenía carácter interno y que no debía hacerse pública en ese momento.
El relevo se produjo el pasado viernes, apenas un día después del inicio de la crisis. De acuerdo con la información del citado medio, la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez, telefoneó a la funcionaria —que se encontraba de vacaciones— para comunicarle su destitución por indicaciones recibidas “desde más arriba”.
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La funcionaria desempeñaba desde 2018 la responsabilidad de actualizar la página de última hora y los perfiles oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, un organismo integrado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno cuya misión es realizar el seguimiento de las principales crisis que afectan al país, elaborar informes de situación y asesorar al presidente en materia de Seguridad Nacional. Entre sus competencias también figura la difusión de información institucional sobre emergencias y riesgos a través de su página web y de las redes sociales, una práctica habitual cuando se producen episodios de especial relevancia.
Fue precisamente una de esas actualizaciones la que desencadenó el cese. El informe permaneció publicado apenas unos minutos antes de ser retirado, aunque El Confidencial asegura haber tenido acceso a su contenido.
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Según el citado diario, la responsable de comunicación elaboró el mensaje utilizando información oficial facilitada por el Ministerio del Interior sobre la evolución de la crisis migratoria en Ceuta.
En el comunicado se informaba de que “en las últimas 24 horas, se estima que más de 10.000 migrantes han accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal”, una cifra que calificaba como la mayor llegada registrada a la ciudad autónoma desde mayo de 2021. No obstante, El Confidencial explica que la alerta difundida por el DSN llegó a recoger posteriormente que cerca de 49.000 inmigrantes habían accedido de forma irregular a Ceuta, convirtiéndose en el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la crisis. Esa cifra, añade el periódico, sería superada horas después al elevarse el balance por encima de las 60.000 personas.
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El texto también describía la situación al otro lado de la frontera. Indicaba que durante la noche miles de personas continuaban concentrándose en Castillejos con la intención de cruzar a Ceuta y señalaba que diversos medios estaban informando del uso de material antidisturbios por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes para dispersar a los concentrados.
Asimismo, el informe incluía un balance provisional de víctimas, indicando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas habían recuperado hasta ese momento los cuerpos de 19 personas fallecidas.
En relación con Melilla, el comunicado explicaba que el paso fronterizo de Beni Enzar permanecía cerrado tras varios intentos de entrada irregular, tanto por tierra como a nado, y detallaba las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad marroquíes.
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El documento concluía informando de que España y Marruecos habían acordado reforzar la coordinación para agilizar la devolución de quienes hubieran accedido irregularmente a Ceuta. También avanzaba el desplazamiento del presidente del Gobierno a la ciudad autónoma y recogía el respaldo expresado por la Comisión Europea, incluido el ofrecimiento de colaboración de Frontex.
Según El Confidencial, el cese ha provocado un notable malestar dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Las fuentes consultadas por el periódico sostienen que la funcionaria decidió incorporarse a su trabajo pese a encontrarse de vacaciones para mantener actualizada la información sobre una crisis de especial trascendencia y que, a su juicio, se limitó a desempeñar las funciones propias de su puesto utilizando datos facilitados por el Ministerio del Interior.
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Esas mismas fuentes aseguran que el malestar de Interior por la publicación fue trasladado al jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio, circunstancia que habría desembocado en la decisión de apartar a la responsable de comunicación.
Dentro del organismo también critican la forma en que se produjo la destitución. La funcionaria procedía del Ministerio de Defensa y, tras perder su puesto en el Departamento de Seguridad Nacional, ha quedado en situación de disponible y sin destino asignado, una circunstancia que implica además una reducción de sus retribuciones. Las fuentes consultadas por el periódico sostienen igualmente que no se le concedió margen para facilitar su reubicación en otro puesto dentro de la Administración.
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Las críticas internas se apoyan además en otro argumento. Según explican esas fuentes, buena parte de la información que apareció en el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional fue utilizada apenas unos minutos después por el propio Ministerio del Interior y por el presidente del Gobierno en sus comparecencias públicas. A su juicio, el problema no radicó en el contenido de los datos difundidos, sino en que el Departamento de Seguridad Nacional los hiciera públicos antes de que lo hiciera el Ejecutivo.
El relevo también ha tenido consecuencias en la política de comunicación del organismo. Desde la destitución de la responsable de comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional no ha vuelto a publicar ninguna actualización sobre la crisis migratoria de Ceuta ni en su página web ni en sus redes sociales, una ausencia de información que rompe con la práctica habitual del organismo durante situaciones de emergencia o de especial impacto para la seguridad nacional.
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