La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un intenso intercambio de acusaciones entre Morena y el PAN a raíz del proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Durante la discusión de la agenda política, legisladores de Morena sostuvieron que el exmandatario panista representa uno de los casos más relevantes de presunto contrabando de combustibles, mientras que la bancada del PAN respondió que se trata de una persecución política y exigió que el proceso se lleve con respeto al debido proceso.
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El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, lanzó fuertes críticas contra Acción Nacional al asegurar que el partido “no tiene autoridad moral” para señalar presuntos vínculos entre Morena y la delincuencia organizada.
Durante su intervención calificó a los panistas como los “reyes del huachicol fiscal” y afirmó que Ernesto Ruffo fue el socio mayoritario de una empresa bajo investigación por presunto contrabando de combustibles.
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Además, recordó que el exgobernador fue relacionado con la empresa Ingemar, señalada en las investigaciones federales.
Ávila también hizo referencia a información periodística y a declaraciones públicas de dirigentes panistas que salieron en defensa del exmandatario, al tiempo que aseguró que el caso evidencia presuntos esquemas de evasión fiscal y operaciones de contrabando de hidrocarburos.
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En su discurso, el legislador vinculó además al PAN con otros casos de corrupción, como el denominado “cártel inmobiliario”, y sostuvo que las investigaciones actuales forman parte de la estrategia del Gobierno federal para combatir el huachicol fiscal.
- La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de huachicol fiscal vinculada con la empresa Ingemar.
- Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio por delitos de delincuencia organizada y presunto contrabando de combustibles.
- La defensa sostiene que inicialmente había sido citado como testigo y posteriormente pasó a ser imputado.
- Los abogados del exgobernador rechazan las acusaciones y afirman que colaborará con las autoridades para demostrar su inocencia.
- La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la investigación continuará sin motivaciones políticas y conforme a derecho.
En respuesta, el senador panista José Máximo García López aseguró que Ernesto Ruffo es “el primer preso político de este sexenio” y acusó a Morena de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos.
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El legislador afirmó que el exgobernador ha sido un referente de la transición democrática en México y sostuvo que hasta ahora no existen pruebas concluyentes que acrediten su participación en una organización dedicada al contrabando de combustibles.
Asimismo, cuestionó que, mientras se procesa a Ruffo, otros casos relacionados con funcionarios y gobernadores señalados por la oposición no avancen con la misma rapidez.
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Incluso mostró un cartel con críticas dirigidas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acusó a Morena de proteger a distintos mandatarios estatales.
El caso de Ernesto Ruffo se originó a partir de las investigaciones por el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, operación que derivó en diversas indagatorias sobre un presunto esquema de contrabando de combustibles.
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De acuerdo con la FGR, existen elementos para investigar la participación de personas vinculadas con Ingemar, empresa fundada en 2018 y en la que Ruffo figuró como accionista y miembro del consejo de administración.
La defensa del exgobernador sostiene que su participación fue únicamente empresarial y niega cualquier intervención en operaciones ilícitas.
El debate en la Comisión Permanente reflejó nuevamente la confrontación entre Morena y el PAN en torno a los casos de presunta corrupción y delincuencia organizada.
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Mientras Morena sostiene que las investigaciones contra Ruffo demuestran que el combate al huachicol fiscal alcanza a figuras de distintos partidos, la oposición insiste en que el proceso debe desarrollarse con imparcialidad y sin utilizar la justicia como herramienta de confrontación política.
El proceso judicial continúa abierto y las autoridades federales han señalado que las investigaciones podrían ampliarse conforme avancen las indagatorias sobre la presunta red de contrabando de combustibles.
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