Tras una investigación de dos años, autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una red de tráfico de armas destinadas a un cártel mexicano, del cual no se ha revelado el nombre hasta el momento.
El pasado 21 de julio un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal de 158 cargos contra 28 personas, y el operativo de detención resultó en 21 arrestos a lo largo de toda la cadena de tráfico, según información contenida en un comunicado oficial de la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona y reafirmada en conferencia de prensa este 4 de agosto. Entre los acusados hay al menos 4 personas de nacionalidad mexicana y el líder de la red está identificado como Fernando Daniel Castr.
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El operativo incautó más de 100 armas de fuego y más de 125 mil cartuchos de munición en Arizona. El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza (USBP) llevaron la investigación del caso.
Fernando Daniel Castro reclutaba compradores en Phoenix para adquirir las armas
Según información oficial, la figura central de la red era Fernando Daniel Castro, de Phoenix, quien reclutaba a otras personas para comprar armas a licenciatarios federales de armas de fuego (FFL), mejor conocidas como armerías, en Arizona, a cambio de dinero.
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Las armas se adquirían a nombre de Castro, quien las revendía para obtener ganancias. La acusación formal señala que Castro vendió algunas de ellas —incluyendo pistolas Glock 19 y rifles tipo AK— a sabiendas de que serían exportadas fuera de Estados Unidos.
Junto a Castro fueron acusados Cruz Rafael Castro, Marque J’von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt y Juan Manuel Torres Pérez, entre otras 15 personas, de acuerdo con el comunicado. Los cargos incluyen conspiración para comprar armas ilegalmente con propósito de tráfico, declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego y tráfico de armas sin licencia.
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En la conferencia de prensa de este día se explicó que la investigación se construyó a partir de cuatro casos federales previamente imputados, con el objetivo de identificar tendencias, conectar redes y sumar nuevos acusados a una conspiración más amplia.
De acuerdo con respuestas a periodistas en la conferencia de prensa, la organización distribuyó las compras entre varios FFL en el condado de Maricopa y otras zonas, en lugar de concentrarlas en un solo establecimiento. Uno de los acusados adquirió más de 20 armas de fuego por esta vía.
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El agente especial a cargo de la División de Campo Phoenix de la ATF, A.J. Gibbs, explicó en la conferencia que la agencia rastreó el caso mediante inteligencia sobre armas del crimen: una vez recuperada un arma en una escena del crimen, identifican al comprador original y determinan si tiene vínculos con redes transnacionales.
Gibbs subrayó que comprar un arma es legal, y que la investigación se enfocó en quienes explotaron esa legalidad para traficar. “Lo que hacemos es identificar a los actores criminales que explotan nuestras leyes de armas para alimentar la violencia, y eso es lo que hicimos en este caso”, dijo en la conferencia.
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Cuatro casos previos conectaron a mexicanos con el contrabando de armas hacia México
El comunicado oficial detalla los casos federales que dieron origen a la investigación. El 31 de marzo de 2026, Emmanuel Rabena Velderrain, de nacionalidad mexicana, se declaró culpable de intento de contrabando de mercancías desde Estados Unidos. Fue detenido el 17 de febrero de 2025 cuando intentaba cruzar la frontera hacia México con 42 fusiles tipo AK y 42 cargadores de 7.62x39 en su vehículo. Su sentencia está programada para el 17 de agosto de 2026 ante el juez federal Scott H. Rash en Tucson.
El 27 de abril de 2026, Amairany Guadalupe Armendariz Álvarez, también de nacionalidad mexicana, fue sentenciada a 24 meses de prisión por la jueza federal Susan M. Brnovich. Álvarez admitió haber ingresado a Estados Unidos con visa de no inmigrante, viajar a Phoenix para recoger tres rifles M249 y una pistola Colt, y saber que las armas serían introducidas de contrabando en México, según el comunicado.
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El 13 de mayo de 2026, Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, ambos de Phoenix, se declararon culpables de posesión ilegal de armas de fuego y municiones. En su residencia las autoridades encontraron un rifle M249, un rifle Barrett .50 BMG, un rifle FN SCAR, 12 rifles tipo AK, 6 pistolas y 57 mil cartuchos de munición. Su sentencia está programada para el 19 de octubre de 2026 ante el juez federal Sharad H. Desai.
El 24 de junio de 2026, José Daniel Medina, de México, y el 1 de julio de 2026, Juan Jesús Estevez, también de México, se declararon culpables de conspiración para contrabandear armas y municiones desde Estados Unidos. Ambos admitieron haber conspirado para obtener armas en Arizona e introducirlas a través de la frontera para compradores en México. Serán sentenciados el 11 de septiembre de 2026 ante la jueza federal Krissa M. Lanham. Un tercer conspirador, Christian Alberto Pereida Ramírez, de Nogales, Arizona, tiene programada una audiencia para cambiar su declaración el 12 de agosto de 2026. Como parte de esta investigación, las autoridades incautaron 10 pistolas y 56 mil cartuchos de munición, de acuerdo con el comunicado.
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Gibbs destacó en la conferencia el papel de los FFL como socios de la investigación. Los licenciatarios realizaron verificaciones de antecedentes, llevaron registros y alertaron a la ATF cuando detectaron operaciones fuera de lo ordinario, como clientes que llegaban con bolsas llenas de efectivo para comprar cinco armas de fuego con cargador de cinta. “La gran mayoría de los FFL son buenos socios en este trabajo regulatorio”, dijo Gibbs en la conferencia.
Aclaró que en otros casos la agencia ha presentado cargos contra licenciatarios que cayeron en la tentación del contrabando: “Hay quienes cooperan y hay quienes no. Preferimos que la gente se quede en el primer grupo”.
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Gibbs también lanzó un mensaje directo a la comunidad: “Si alguien les pide que compren un arma por ellos y tiene una razón evasiva para eso, como miembros de nuestra comunidad deben prestar atención. No quieren verse involucrados con estas organizaciones”.
Las armas traficadas, señalaron los funcionarios en la conferencia, servían para proteger el flujo de fentanilo y metanfetamina que los cárteles introducen a Estados Unidos.
Una condena por conspiración para traficar armas conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. El contrabando de mercancías fuera de Estados Unidos tiene una pena máxima de 10 años y la misma multa.
Las declaraciones falsas durante la compra de un arma o el tráfico sin licencia pueden resultar en hasta 5 años de prisión, según el comunicado oficial.