Madrid, 22 sep (EFE).- Siete organizaciones han presentado este martes un informe que respalda la necesidad de revisar la aplicación de la Directiva europea de Aguas Residuales y reclaman una transposición prudente y jurídicamente sólida basada en evidencia científica.
El documento, elaborado por AELMHU, AESEG, anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y STANPA, representantes nacionales de medicamentos y la consultora PwC, analiza el impacto y los nuevos desafíos regulatorios, económicos y operacionales de la Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
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El informe llega en un momento de debate a nivel europeo sobre la aplicación del régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) previsto en la norma.
El texto, explican las asociaciones en un comunicado, "analiza las implicaciones de la Directiva que eleva las exigencias aplicables a la depuración de las aguas residuales urbanas e introduce un nuevo régimen de RAP para medicamentos de uso humano y productos cosméticos".
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La Directiva contempla la implantación progresiva de un tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes de las aguas residuales urbanas y traslada, mediante la RAP, al menos el 80 % de los costes de ese tratamiento a los productores de medicamentos de uso humano y productos cosméticos.
España deberá transponer la Directiva antes del 31 de julio de 2027 y tener implantado el régimen de RAP antes del 31 de diciembre de 2028, según recuerda la nota.
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El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una moción solicitando a la Comisión Europea un nuevo estudio independiente para identificar los dos microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas, verificar los costes del tratamiento cuaternario y analizar la correcta atribución de responsabilidades conforme al principio de 'quien contamina paga'.
Este análisis detecta incertidumbres acerca del diseño y aplicación de la RAP que "impiden determinar con precisión la aplicación de los criterios de exención, así como el alcance real de las obligaciones y sus costes", sostienen las organizaciones.
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Entre ellas se encuentran la determinación de las sustancias que deberán tenerse en cuenta, los criterios para ponderar su peligrosidad, las condiciones de las exenciones o la delimitación de las zonas de riesgo.
La aplicación de esos criterios será especialmente relevante para determinar qué productos quedan sujetos al nuevo régimen.
La Directiva prevé exenciones para aquellos productos cuyas sustancias sean rápidamente biodegradables, que no generen microcontaminantes en las aguas residuales al final de su vida útil o en función de las cantidades puestas en el mercado, aunque no precisa cómo deberán aplicarse estos criterios.
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También establece que los Estados miembros tengan en cuenta la necesidad de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos, sin concretar cómo deberá articularse este principio en la aplicación del nuevo régimen.
Según concluye el informe, la implantación del tratamiento cuaternario plantea "retos técnicos y económicos importantes", sobre todo en un contexto de experiencia limitada en España y remarca la necesidad de que la transposición aporte "claridad y seguridad jurídica". EFE
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