La protesta social contra la crisis de vivienda y los decretos Maricarmen surgidos del desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid han ensanchado la brecha entre el sector inmobiliario y el Gobierno. Solo unas horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogiese los dos nuevos textos que Moncloa pretende sacar adelante en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, empresas y organizaciones del ámbito de la vivienda han salido a reclamar unidad a los partidos y soluciones que vayan más allá de los intereses políticos.
"Las elecciones de noviembre pueden ser una oportunidad para afrontar con seriedad y rigor este problema. Todo el mundo, también el sector promotor, quiere solucionar el problema de la vivienda. Hagámoslo, y no cambiemos las reglas a mitad de parido, ni utilicemos situaciones dolorosas para hacer política de vivienda'', ha dicho Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) durante la inauguración del V Congreso Nacional de la Vivienda que arranca hoy en Barcelona.
La cita, que congrega a más de 400 profesionales del sector, no puede ser más oportuna, de ahí que los asistentes hayan aprovechado para lanzar sus proclamas en medio del descontento social por el acceso a una vivienda y con una huelga general en el horizonte. "Pido a las Administraciones que nos escuchen, y que nuestro trabajo no sea en balde'', subrayó Vilajoana, reclamando un papel crucial para promotores y constructores a la hora de abordar las posibles soluciones.
Según el presidente de la patronal, el nuevo Gobierno que salga de las urnas debe buscar un consenso con el resto de los partidos y debe ampliarlo a los demás actores que intervienen en la promoción y construcción de viviendas para que las medidas que se adopten en ese pacto de estado tengan más eficacia y se puedan prolongar en el tiempo.
Lo cierto es que el Congreso Nacional celebrado en Barcelona está siendo un reflejo de la crispación social que despierta hoy la crisis de la vivienda. Entre otras anécdotas de la propia celebración, la ausencia de última hora de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, o la ausencia de la mesa orientada al debate sobre el acceso al alquiler de Sara Villodre Pérez, presidenta del Consejo de Juventud de España, que ha declinado la invitación al debate por el momento electoral.
En la misma mesa en la que debían exponerse los obstáculos de acceso a la vivienda, la tensión ha sido palpable entre Helena Beunza Ibáñez (Asval), Jordi Gálvez Fornieles (Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña), y Carme Trilla Bellart (Fundació Hàbitat3). Mientras Beunza ha lamentado que el 'decreto Maricarmen' es "un disparo brutal" al parque del alquiler, y que la situación está ahuyentando tanto a propietarios como a los fondos de inversión "porque les hemos llamado buitres y especuladores, y la gente tiene cierto aguante" los portavoces catalanes han expresado que "hay una problemática con muchas aristas" donde el origen de la problemática se encuentra en la ausencia de partidas presupuestarias públicas para vivienda, en el contexto de que frente a otros departamentos como Sanidad o Educación, Vivienda no ha estado suficientemente respaldada en los últimos años para ir acorde al crecimiento desmedido de la población y la demanda de hogares. A modo de punto en común, los ponentes sí han coincidido en la responsabilidad pública: "este país tiene un reto importantísimo que es el de la financiación", porque levantar un parque de viviendas como el de otros países europeos requerirá de un aumento del gasto público, ha concluido Beumza, que ha remarcado que "las viviendas que están en el centro son las que tienen consignación presupuestaria, que son las únicas que están en el centro de la política"
Lo cierto es que ha habido consenso entre la mayoría de las mesas de debate en este aspecto: las políticas de Vivienda son la llave para un parque inmobiliario más amplio, pero la falta de información veraz sobre la demanda y oferta real de los hogares, a lo que se le suma una política urbanística dividida entre administraciones y un déficit de inversión complica los avances.
Y quienes trabajan diariamente con promotoras y proyectos inmobiliarios congelados, destacan el mal momento que se ciernes sobre ellos con el actual contexto político. Lo ha reivindicado Ramón García Bragado (Comisión de Vivienda de Cataluña) en una reflexión sobre el bloqueo de proyectos urbanísticos que se observa desde la panorámica regional pero es un escenario igualmente extrapolable a lo nacional: "A partir de este momento, es un momento muy delicado para el tema de los proyectos" porque "ningún alcalde se compromete a los largos plazos". Y la vivienda, a falta de una revisión estructural, requiere precisamente de tiempos, plazos fijos y garantías para las empresas.
"Las normas están claras, lo malo es que no se están cumpliendo los plazos legales que ya están [recogidos] en las normativas autonómicas", ha expresado Rebeca Reverter, de Urban Planner, antes de recordar que esto no es sino un agravante para la incertidumbre del sector.
"Castigo a los propietarios"
Paralelamente, Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, ha elevado el tono de la crítica tras conocer el contenido definitivo del decreto publicado este miércoles y acusa al Ejecutivo de "convertir al propietario en escudo social". Según la organización, que representa los intereses de miles de caseros, pequeños y grandes en el país, la norma insiste en una política que penaliza a quienes aportan vivienda al mercado y vuelve a trasladar a los propietarios responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas.
Entre otras cosas, el texto amplía de 2028 a 2030 la limitación a la adquisición de vivienda por determinadas entidades y por las personas jurídicas con más de 10 viviendas o 5 en zonas tensionadas, sin distinguir entre fondos, pymes y sociedades familiares. "No se puede ampliar la oferta castigando a quienes ponen vivienda en el mercado. Cada nueva intervención que hace más difícil alquilar, invertir o recuperar una vivienda empuja a más propietarios a retirarse y frena la creación de nueva oferta. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay construcción de vivienda en alquiler", señala en una nota distribuida esta mañana.
Según su análisis, uno de los cambios más preocupantes es la ampliación de la limitación a la adquisición de vivienda. Hasta el 31 de diciembre de 2030 (antes, 2028), el nuevo texto limita determinadas adquisiciones, y somete expresamente a esta medida a las personas jurídicas que sean propietarias de más de 10 viviendas (o 5 en zona tensionada).
Asval considera "especialmente grave" que la norma utilice el número de viviendas como criterio autónomo para imponer restricciones, lo cual, en su criterio, permite que una empresa cuya actividad sea precisamente mantener viviendas en alquiler estable y de largo plazo quede sometida a la medida por el mero hecho de superar el umbral legal, sin que exista necesariamente una conducta especulativa.
"Equiparar gran tenedor con especulador es una simplificación ideológica que perjudica directamente a la oferta. Si España necesita cientos de miles de viviendas, expulsar o limitar a quienes tienen capacidad para invertir en ellas es exactamente el camino contrario al que deberíamos recorrer", afirma