Ciudad Juárez.— El municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido señalado por años por los casos de feminicidio y de violencia contra la mujer, al concentrarse aquí los primeros hechos en el país, así como los de decenas de desapariciones de jóvenes y mujeres.
Durante años, organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres han luchado para visibilizar esta situación mediante manifestaciones o tratando de modificar la ley del feminicidio en el estado y en el país, para así lograr que se haga justicia para las víctimas.
El pasado 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, para buscar garantizar cero impunidad a través de la homologación en el país de los mecanismos de investigación y de las sanciones a este delito.
Para las organizaciones, el que esa ley del feminicidio pueda aprobarse, traería beneficios a Chihuahua, que irían desde la disminución de la violencia feminicida hasta la justicia para las víctimas.
Yadira Cortés Castillo, integrante de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, explica a EL UNIVERSAL que primero Chihuahua debe armonizar la legislación en el tema del feminicidio, además de destinar recursos suficientes y que se fortalezcan las instituciones responsables de investigar estos hechos, pues, aunque se apruebe esta ley en el país, debe existir también voluntad política en la entidad.
“La aprobación de una ley no será suficiente si no va acompañada de voluntad política, presupuesto, capacitación especializada y acciones concretas para combatir la impunidad”, explicó.
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La experta dijo que el mayor beneficio para Chihuahua será que esta legislación se traduzca en una disminución de la violencia feminicida, en investigaciones eficaces, justicia para las víctimas y garantías de no repetición.
De acuerdo con la Presidenta, lo que busca esta ley es erradicar el feminicidio en el país por el lado de la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, y el trato digno entre las personas y la no discriminación, y no al machismo, así como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio.
El gobierno de México detalló que con esta ley se busca homologar en todo el país el tipo penal estableciendo textualmente que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”.
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Establece 10 razones, como por ejemplo signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría de poder, entre otros.
Se establecen también 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad: que la víctima esté embarazada o viva con discapacidad; sea periodista, defensora de los derechos humanos o migrante; se cometa por una persona funcionaria y la víctima presente signos de violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además de la pena privativa de libertad, el responsable también perderá derechos sucesorios, la tutela, curatela, guarda y custodia, la patria potestad, y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio; el delito, su sanción y la reparación de daño son imprescriptibles, no proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías, entre otros aspectos.
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Yadira Cortés afirmó que consideran favorable que la iniciativa reconozca en el país como una circunstancia agravante el aumentar las penas y además agregar otros aspectos, como el que la víctima sea periodista o persona defensora de derechos humanos.
“Se homologa en todo el país de una pena mínima de 50 a 70 años como máxima de prisión, lo cual favorece en el estado, ya que aquí hay unas sentencias menores [de 40 a 60 años de prisión, con 500 a mil días de multa]”.
De acuerdo con datos periodísticos y de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, 2025 cerró con 100 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 17 se habrían clasificado como feminicidio.
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