La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tumbaco-Cumbayá, en el Distrito Metropolitano de Quito, enfrenta cuestionamientos de moradores de Churoloma y sectores aledaños.
El proyecto, con una inversión prevista de $ 75 millones, se ejecutaría a partir de 2029 y tendría un plazo de construcción de dos años.
Los habitantes denuncian que sus 91 observaciones técnicas y jurídicas aún no han recibido respuesta. También cuestionan los cambios en el área de influencia social del proyecto y expresan preocupación por los posibles impactos ambientales, el manejo de gases y las expropiaciones previstas.
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Las inquietudes se intensificaron tras la asamblea consultiva del 18 de octubre de 2026. Según los moradores, durante la reunión no se aclararon las dudas sobre el procedimiento de participación ciudadana ni se definió con precisión el mecanismo de votación.
Carolina Valarezo, abogada y residente de Churoloma que participa en la revisión del proyecto, asegura que la comunidad no ha recibido respuestas formales a varios de sus pedidos de información. A su juicio, no se debería avanzar en el proceso sin atender primero las observaciones planteadas por los habitantes.
“Esto se inició en 2025, cuando pedimos información y no la tuvimos. Luego, al poco tiempo, salió el impacto ambiental y nos activamos verdaderamente. Hicimos un análisis con profesionales y presentamos unas preguntas dentro del plazo establecido, pero nunca nos contestan”, afirmó Valarezo.
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Delimitación del área de influencia en debate
Uno de los principales reclamos se refiere a la delimitación del área de influencia social directa de la planta. Valarezo afirma que, el día de la asamblea, los moradores detectaron un cambio en un anexo cartográfico del estudio de impacto ambiental.
Según su testimonio, la nueva versión reduce el área inicialmente identificada y deja fuera a los barrios de La Viña y Pijahua. La residente asegura que algunas viviendas de Pijahua se encuentran entre 200 y 300 metros del terreno previsto para la infraestructura y considera que esa cercanía debe tomarse en cuenta al determinar quiénes participan en la consulta ambiental.
“Entonces hacen que Pijahua y La Viña dejen de ser sujetos de consulta al sacarlos del área de influencia directa. Pero yo te aseguro y te invito a que vengas a mi casa a ver. Nos podemos ir al terreno, a donde está la planta y pararnos. Ahí podrás ver que algunas casas de Pijahua están a menos de 200 o 300 metros”, continuó la moradora.
La comunidad pide que se expliquen los criterios técnicos utilizados para modificar esa delimitación y que se aclare por qué sectores próximos a la futura planta habrían quedado fuera del proceso.
Hasta ahora, según la vocera, no se ha podido establecer si la modificación responde a una actualización técnica justificada ni cuáles fueron los fundamentos oficiales para realizarla.
Observaciones técnicas al estudio ambiental
Las objeciones surgieron después de que moradores del sector revisaran el estudio de impacto ambiental, un documento de más de 670 páginas, con el apoyo de profesionales que viven en la zona.
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Carolina Valarezo aseguró que en ese análisis participaron especialistas en geología, ambiente e ingeniería, además de abogados. El resultado fue un conjunto de 91 observaciones técnicas y jurídicas que, asegura, fueron presentadas dentro del plazo previsto, pero que no han recibido una contestación formal.
La residente señala que las inquietudes incluyen la falta de modelaciones que permitan conocer hasta dónde podrían dispersarse los olores y gases relacionados con el funcionamiento de la planta.
“Vienen elecciones y probablemente al alcalde que quiera reelegirse le interesa muchísimo que este proyecto salga en estos días, que le den la licencia ambiental, que pueda poner la primera piedra, que hagan un acto de inauguración, yo qué sé, para ganar votos”, añadió Carolina Valarezo.
El acceso a la información es otro de los ejes del conflicto. Carolina relató que en 2025 los moradores solicitaron formalmente documentos relacionados con la planta y recibieron información parcial.
Dudas sobre el manejo del biogás y ubicación
Otro de los cuestionamientos se centra en el manejo del biogás que produciría la planta. Según la denuncia ciudadana, el estudio de impacto ambiental contempla la quema de 229 metros cúbicos diarios de este gas mediante una antorcha.
Sin embargo, Carolina Valarezo afirma que durante las socializaciones se les ha explicado que el biogás se utilizará para generar electricidad y que la antorcha serviría únicamente para quemar los excedentes.
La moradora sostiene que esa explicación no coincide con lo que ha entendido del documento técnico, en el que, según su interpretación, la generación eléctrica aprovecharía solo una parte del gas producido. Por eso, exige que Epmaps aclare por escrito cuánto biogás se prevé generar diariamente, qué porcentaje se destinará a producir electricidad y cuánto se quemará en condiciones normales o extraordinarias.
Para Carolina Valarezo, el problema no se limita a recibir explicaciones durante las reuniones. La comunidad necesita respuestas documentadas que permitan conocer las condiciones de operación de la planta y evaluar sus posibles efectos.
Los moradores también cuestionan la falta de modelaciones sobre la dispersión de gases y olores, un aspecto que consideran fundamental para dimensionar el impacto en los barrios próximos.
La ubicación de la infraestructura también genera desacuerdos. Los moradores han presentado una alternativa para desplazar la planta unos 700 metros hacia el norte, hacia terrenos que describen como baldíos, con el objetivo de aumentar la distancia respecto de Churoloma, Collaquí, La Viña y Pillahua. La propuesta se entregó el pasado 15 de octubre, pero hasta ahora no han recibido una respuesta formal.
La residente afirma que han ingresado varios oficios ante las instituciones involucradas y que solo recibieron contestaciones al inicio del proceso. Por ello, considera que la falta de respuestas impide conocer si la alternativa fue analizada y cuáles serían las razones técnicas para aceptarla o descartarla.
La viabilidad de un cambio de ubicación deberá establecerse con los documentos del proyecto y la evaluación de las entidades responsables.
“Yo creo que nos toca ir a jueces, a juzgados, acciones de protección, no sé, tendría que hablar con los abogados, porque, la verdad, creo que el proceso reglado de consulta ambiental que debió haber sido respetado no fue respetado”, añadió Carolina.
Inquietudes por expropiaciones y registro de participantes
A las inquietudes ambientales se suman las relacionadas con las expropiaciones de predios. En la denuncia ciudadana se mencionan propietarios que, según los moradores, habrían recibido ofertas inferiores al valor comercial de sus predios.
Uno de los casos expuestos señala una propuesta de $ 150.000 por una propiedad que sus dueños estimarían en más de $ 300.000. Estas cifras corresponden a la versión de los denunciantes.
Durante la reunión de este domingo, 18 de octubre, finalmente Carolina Valarezo cuestionó la presencia de personas trasladadas en buses desde otros sectores y el registro utilizado para identificar a los participantes.
El documento, según la abogada de profesión, estaba denominado como registro de “sujetos consultados”, por lo que pidió que se verificara si quienes firmaban pertenecían al área de influencia directa de la planta. La residente teme que ese registro pueda utilizarse posteriormente para acreditar una participación comunitaria que, a su criterio, no corresponde a todos los asistentes. (I)