Durante la tarde del miércoles 12 de agosto, un nuevo episodio de violencia contra el transporte público sacudió la urbanización Valdiviezo, en el distrito de Ate Vitarte. Un conductor de la empresa Nuevo Horizonte resultó gravemente herido tras ser atacado por un pasajero armado, quien subió al bus, disparó dos veces por la espalda y huyó de la escena. Un escolar también habría sufrido una lesión en la cabeza, según los primeros reportes.
El atentado ocurrió cerca del patio de maniobras de la compañía, cuando el vehículo se preparaba para iniciar su recorrido habitual. Compañeros del chofer lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.
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La empresa Nuevo Horizonte había denunciado previamente amenazas extorsivas, incluyendo mensajes intimidatorios y referencias a números internacionales. El ataque reavivó la preocupación entre los gremios, que evalúan convocar un paro nacional para exigir respuestas efectivas ante la ola de extorsiones y atentados.
“Lo antes posible, yo creo”, señaló Bretoneche respecto a la posibilidad de un paro, agregando que otras líneas también han sido víctimas de ataques recientes, como las líneas 41 y 73, así como el caso del asesinato de un gerente del sector.
Las autoridades investigan si el ataque guarda relación con amenazas previas y si existe vínculo con la organización criminal conocida como Los Occidentales, aunque aún no hay confirmación oficial.
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En medio de la conmoción, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, sorprendió al declarar que durante 19 días consecutivos no se registraron atentados ni amenazas contra el transporte público.
“No es arte de magia”, afirmó Revoredo, atribuyendo el “silencio criminal” a operativos de inteligencia policial. El jefe policial insistió en que el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió contener la violencia durante casi tres semanas.
“Si la criminalidad avanza es por absoluta responsabilidad de quien habla. Créanme que los detectives están haciendo todos los esfuerzos”, sostuvo Revoredo, y remarcó que la falta de detenciones preliminares por parte del Ministerio Público ha limitado las acciones policiales.
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“Hay una entidad muy respetuosa y constitucional que habla de atentados, pero ¿y dónde están las detenciones preliminares que les pedimos? El compromiso lo tenemos, eso nos motiva”, recalcó.
Sin embargo, el Ministerio Público reporta 214 atentados en Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos. La mayoría de los ataques ocurrieron en plena ruta y fueron ejecutados por sicarios en motocicleta.
Los gremios de transportistas han reiterado su preocupación ante la falta de coordinación efectiva entre la PNP y la Fiscalía, señalando que el Plan Escudo no ha logrado frenar la escalada de violencia.
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El balance presentado por la Dirincri no coincide con las denuncias previas de empresas y sindicatos del sector, quienes aseguran que la amenaza se mantiene constante y que la respuesta oficial resulta insuficiente.