A pesar de que Gustavo Petro afirmó que continuarán las conversaciones de paz con los líderes de estructuras armadas y delincuenciales en Antioquia, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, reveló que durante su administración se impulsará un nuevo modelo para combatir a los ilegales.
Como muestra del compromiso que adquirió, De la Espriella anunció que Medellín, capital de Antioquia, será sede del Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
Además de lo que representa la alianza que busca fortalecer a las autoridades con coordinaciones militares en varios países, el anuncio del presidente electo ha hecho que se especule sobre lo que pasará con la Paz Urbana.
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Mientras los voceros de los grupos criminales de la región afirmaron que están dispuestos a negociar con el nuevo Gobierno, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció que fiscales encargados de casos en los que se vincula a varios de los voceros de la Paz Urbana han sido trasladados antes de que termine el Gobierno Petro.
En su cuenta de X, Carrasquilla mencionó que han sido movidos siete fiscales a otras direcciones del Gaula, dejando sin posibilidad de que estos entreguen un balance de su trabajo en los casos a la nueva administración.
“Hoy quiero hacer una denuncia para la fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), porque resulta que cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció que en Medellín funcionará el Escudo de las Américas, que es esa ayuda que vamos a recibir del Gobierno americano y de otras naciones para la persecución contra el crimen organizado, se le dio por emitir una directriz donde supuestamente, justificando el famoso concurso que se lleva a cabo en la Fiscalía General de la Nación, sacaron siete fiscales experimentados y que venían adelantando las investigaciones contra los cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, como son los GDO y los Gdco”, escribió Carrasquilla.
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La concejala Carrasquilla hizo un llamado al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y al Ministerio de Defensa para que se formulen estrategias en los primeros 100 días de gestión con el fin de enfrentar el crimen, considerando que ya no están los fiscales que lideraban las investigaciones más delicadas.
“Muchas de las estructuras que estaban en el radar de esos fiscales están relacionadas con las conversaciones de paz que venían avanzando con el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló la cabildante antioqueña.
La concejala advirtió que actualmente existen más de 600 capturas represadas vinculadas a investigaciones sobre crimen organizado en Medellín, y argumentó que para gestionar ese volumen de trabajo se requiere personal con experiencia y conocimiento profundo de los casos.
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“Fueron movidos (los fiscales) para supuestamente una nueva dirección del Gaula, con cero carga, y la carga que tenían ellos, que era tan importante, donde hay más de 600 capturas represadas, fue entregada a cuatro fiscales, que a su vez tienen a su carga otras regiones diferentes de Antioquia, no pudiendo cumplir, como se necesita, con la lucha contra el crimen organizado”, aseguró Carrasquilla.
Carrasquilla remarcó la gravedad de la situación, asegurando que, con su experiencia como exfiscal, puede afirmar que la redistribución de casos podría afectar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
Por último, recordó que no es la primera vez que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfrenta cuestionamientos por decisiones asociadas a la lucha contra el crimen en Medellín, puesto que en enero de 2026 la funcionaria fue objeto de debate público tras la suspensión de órdenes de captura contra voceros de estructuras armadas en el Valle de Aburrá.
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