El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha dado su primer paso formal para revisar la gestión de la administración anterior, al expedir una circular interna que dispuso de los lineamientos para avanzar en el proceso de empalme, además de del procedimiento para denunciar posibles irregularidades encontradas en el periodo de Gustavo Petro.
El documento, firmado por Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) escogido por el presidente De la Espriella, establece plazos y responsabilidades claras para los funcionarios actuales.
La circular detalla que los servidores públicos tienen un plazo de 30 días para examinar el informe de empalme de cada dependencia y, en caso de detectar situaciones anómalas, presentar observaciones o solicitar aclaraciones a quienes ocuparon previamente los cargos.
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“De conformidad con la Ley 951 de 2005, el servidor público entrante cuenta con el término de treinta (30) días legalmente previsto para verificar el contenido del acta de entrega y recepción y, cuando corresponda, solicitar al servidor público saliente las aclaraciones e información adicional necesarias”, señala la circular.
Sin embargo, la directriz ordena a los nuevos funcionarios del Gobierno que, una vez cumplido el plazo otorgado, deberán seguir haciendo auditoria a los trámites y contratos que puedan derivar en una posible investigación disciplinaria o penal.
“El vencimiento de dicho término no extingue el deber de documentar, evaluar y poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos jurídicamente relevantes que sean identificados”, señaló el Dapre.
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El contenido de la circular también instruye a los nuevos designados por Abelado de la Espriella sobre qué acciones deben seguir ante posibles irregularidades del gobierno anterior. Según la directriz, los servidores deben documentar cuidadosamente los hechos, reunir todos los soportes disponibles y describir tanto las actuaciones implicadas como los recursos públicos comprometidos.
“El término previsto para el proceso de entrega y recepción no constituye saneamiento convalidación ni extinción de las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos identificados durante o con posterioridad al proceso de empalme”, se lee en la circular.
Una vez recopilada la información, esta debe remitirse a las autoridades competentes, que pueden incluir la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otras entidades de control, dependiendo de la naturaleza del caso.
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“Cuando de la revisión se adviertan hechos que razonablemente puedan tener relevancia fiscal, disciplinaria, penal civil o administrativa, las dependencias competentes deberán proceder conforme a sus funciones a su puesta en conocimiento o traslado a las autoridades correspondientes”, señaló el Dapre.
La advertencia incluida en el documento señala que finalizar el proceso de entrega y recepción no significa que se extingan las responsabilidades sobre hechos detectados, ya sea durante el empalme o después.
Además, recalca que toda denuncia debe ser gestionada sin que ello suponga una imputación o prejuzgamiento automático, quedando la determinación de responsabilidades a cargo de las autoridades correspondientes.
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El Gobierno también exigió a todos sus funcionarios la preservación íntegra de todos los expedientes, contratos, registros, bases de datos y comunicaciones institucionales asociados a cualquier hallazgo.
Esto incluye tanto documentos físicos como electrónicos, con el objetivo de mantener la trazabilidad y la integridad de la información que pueda sustentar futuras investigaciones o procesos legales.
“Se solicita a los ministros y directores de departamentos administrativos promover, dentro de sus respectivos sectores, la aplicación de los presentes lineamientos y su comunicación a las entidades adscritas y vinculadas”, concluyó la entidad.
Con esta orden, la presidencia busca asegurar la transparencia en el relevo gubernamental y fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos estatales, dejando en claro que la revisión y denuncia de posibles irregularidades es un deber permanente para los funcionarios públicos.
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