La discusión del presupuesto del 2027 corre el riesgo de quedar atrapada en la cifra récord que alcanza este año: poco más de Q192 mil millones.
Sin embargo, como ha insistido el Cien durante las últimas dos décadas, el verdadero problema no está solamente en cuánto quiere gastar el Estado, sino en qué se está gastando y cómo se está financiando.
En otras palabras, qué capacidad tiene el gobierno, en todos sus niveles, para convertir recursos financieros en cambios significativos en la calidad de vida de los ciudadanos y qué tipo de compromisos financieros está trasladando hacia el futuro para sostener los montos y la forma en que actualmente gasta.
Deuda sin inversión
Los números permiten ver el cambio. El proyecto de presupuesto prevé ingresos corrientes por Q137 mil millones y gastos corrientes por Q147 mil millones. Antes de hablar de carreteras, hospitales o nuevas obras, lo que salta a la vista es un desbalance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes.
Los ingresos corrientes son lo que el Estado recauda regularmente; los gastos corrientes son lo que cuesta mantenerlo funcionando. Cuando lo segundo supera a lo primero, el Estado empieza a endeudarse para pagar gastos ordinarios. Solo en este rubro existe ya un faltante de ingresos de casi Q10 mil millones. De tal cuenta, cuando se suman todos los demás gastos, el déficit total llegaría al 4.4% del producto interno bruto (PIB) y el endeudamiento público neto programado, al 3.6% del PIB.
Esto no significa que Guatemala esté al borde de una crisis de deuda. Con un saldo de deuda respecto del PIB todavía moderado en comparación internacional, existe espacio fiscal.
Precisamente por eso es importante preguntarse: ¿para qué se está utilizando dicha deuda?
La primera señal de alarma aparece en la composición del gasto. Durante las últimas dos décadas, el funcionamiento ha ganado participación mientras la inversión la ha perdido.
La segunda señal de alarma es el ritmo al que crece el endeudamiento. El 3.6% del PIB previsto para el 2027 supera los promedios observados en los períodos de los cinco gobiernos anteriores, que incluyeron la crisis financiera internacional (2008-2011) y la pandemia del COVID-19 (2020-2023).
El problema no es endeudarse per se; es razonable financiar infraestructura estratégica con deuda cuando sus beneficios se extienden a lo largo del tiempo y la inversión aumenta la capacidad productiva del país.
Otra cosa es utilizar la deuda para sostener el funcionamiento ordinario del Estado. Es decir, gastos para mantener funcionando la maquinaria estatal en su estado actual y con las capacidades actuales de entregar resultados de desarrollo a la población.
Allí aparece la tercera señal de alarma. Durante décadas se entendió que los ingresos ordinarios debían pagar los gastos ordinarios y generar, en lo posible, ahorro para inversión.
Un principio básico que quedó en el olvido desde hace mucho tiempo y que en el 2027 se debilita aún más.
La colocación de deuda bonificada y los nuevos préstamos suman Q45 mil millones, Q7 mil millones por encima de los Q38 mil millones de gastos presupuestados para inversión.
La comparación apunta en la misma dirección que el desahorro corriente de Q9 mil millones: una parte creciente del endeudamiento no se dedica a la formación de capital. Es decir, usar deuda para financiar gastos ordinarios, un preocupante patrón de comportamiento que se repite y agrava conforme avanza el tiempo, tal como se muestra en la gráfica Proyecto de Presupuesto 2027: Funcionamiento financiado con deuda.
Esta evidencia sugiere que el Estado tiene mucha mayor facilidad para pagar salarios, transferencias, pensiones e intereses que para transformar recursos financieros en infraestructura y servicios efectivos.
De ahí se desprende la importancia de poner mayor atención en mejorar la calidad del gasto y la capacidad “productiva” del Estado para transformar recursos financieros en servicios públicos efectivos a la población.
Gastar conforme a la ley y ejecutar el presupuesto son condiciones necesarias, pero no equivalen a producir resultados beneficiosos para la población. Aunque suene repetitivo, sigue siendo prioritario evaluar la gestión pública bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como desarrollar indicadores de calidad del gasto.
La factura del funcionamiento
La discusión del presupuesto del 2027 no debería reducirse, entonces, a decidir si Q192 mil millones es mucho o poco. Cada expansión del gasto debería responder cuatro preguntas: qué problema público pretende resolver, por qué corresponde financiarlo con recursos públicos, qué resultado medible de desarrollo se obtendrá con cada quetzal gastado y qué ocurrirá si ese resultado no aparece.
El dato más preocupante no es el monto nominal del presupuesto. Si el aumento sostenido del funcionamiento no viene acompañado de mejoras equivalentes en los resultados que recibe la población, endeudarse para sostenerlo se vuelve cada vez más difícil de justificar. Sería como utilizar la tarjeta de crédito para comprar combustible y mantener encendido un automóvil estacionado.
Cuando eso ocurre, el problema deja de ser solamente fiscal. Se convierte en un problema de capacidad del Estado.
Publicaciones especiales: Prensa Libre publicará cuatro análisis técnicos separados sobre el proyecto de Presupuesto del 2027, con el apoyo de plumas invitadas.