Universidad del Este
El Gobierno avanza con una nueva etapa de privatizaciones y concesiones de empresas públicas, con AySA como uno de los casos más relevantes. La iniciativa retoma una discusión que Argentina conoce bien: qué actividades deben permanecer bajo control estatal, cuáles pueden ser gestionadas por capitales privados y qué condiciones permiten que una transferencia de activos se traduzca en mayor eficiencia, inversión y calidad de los servicios. La experiencia de los años noventa ofrece antecedentes de resultados muy dispares. Por eso, el debate actual no debería reducirse a una oposición entre Estado y mercado, sino concentrarse en el diseño de las operaciones y en sus consecuencias económicas y sociales.
El proceso comenzó con la autorización de privatizaciones y concesiones a partir de la Ley Bases. Entre las empresas alcanzadas se encuentran ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales, mientras que Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio fueron habilitadas para procesos parciales. En el caso de ENARSA, la estrategia contempla la separación de unidades de negocio. A fines de 2025 culminó la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, cuya venta aportó aproximadamente USD 707 millones al Tesoro. En mayo de 2026 también se adjudicó la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, por USD 356 millones. Estas operaciones muestran que el programa no se limita a una declaración de intenciones, sino que ya comenzó a generar transferencias de activos y recursos.
OTRAS EMPRESAS EN LA MIRA
En paralelo, el Gobierno avanza con otras operaciones. Intercargo inició su proceso licitatorio en marzo de 2026, mientras que AySA y Belgrano Cargas se encuentran entre las próximas privatizaciones anunciadas. En AySA, el esquema previsto contempla la venta de la participación estatal, actualmente del 90%, con la obligación de que al menos el 51% quede en manos de un operador estratégico. El resto se ofrecería en bolsas y mercados del país. Se trata de una diferencia importante respecto de una simple concesión: el Estado dejaría de ser el accionista mayoritario de una empresa que presta un servicio esencial de agua y saneamiento.
La primera discusión pasa por la situación económica de las empresas. El argumento oficial suele partir de la necesidad de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia, pero los resultados financieros no son homogéneos. En el caso de AySA, por ejemplo, la empresa registró en 2025 un superávit operativo de $237.000 millones, aunque cerró con un déficit financiero de $18.000 millones. La diferencia se explica, entre otras razones, por el ritmo de las obras y por el hecho de que las tarifas crecieron por debajo de los costos. Esto obliga a distinguir entre una empresa que necesita mejorar su gestión y una empresa que necesariamente debe ser privatizada.
La segunda discusión es institucional. La privatización de una empresa de servicios públicos no es equivalente a la venta de un activo financiero: implica modificar quién decide sobre inversiones, tarifas, calidad del servicio y expansión de la cobertura. En AySA, además, el operador estratégico deberá asumir compromisos de inversión y prestación, lo que vuelve central el diseño regulatorio. Por esa razón, el juez Mariano López dictó una medida cautelar par frenar la operación, basada en la presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la cual cuestionó la ausencia de garantías vinculadas al acceso universal al agua potable y la falta de evaluación sobre los impactos ambientales que podrían derivarse de la operación.
La experiencia argentina muestra que una privatización puede fracasar tanto por una mala gestión estatal como por una regulación débil que permita trasladar costos a los usuarios sin garantizar mejoras. Por eso, el resultado no debería medirse solamente por el precio obtenido en la venta, sino también por la inversión efectivamente realizada y la calidad del servicio.
los 90
La comparación con los años noventa es inevitable. Aquella etapa estuvo marcada por privatizaciones que generaron fuertes controversias, denuncias de corrupción y cuestionamientos sobre las condiciones de venta. Sin embargo, también es cierto que algunas operaciones permitieron una transformación productiva importante. El caso de las telecomunicaciones es probablemente el más claro: la privatización de ENTel en 1990 dio lugar a un proceso de expansión de la telefonía fija, modernización de redes y aumento de la inversión. La incorporación de capital privado permitió superar restricciones de financiamiento y tecnología que el Estado no había logrado resolver. Un caso diferente es el YPF, que, siendo vaciada por REPSOL, pudo recuperarse luego de ser parcialmente re-estatizada en el 2012.
Estos antecedentes son relevantes porque muestra que el problema no es la participación privada en sí misma. La inversión puede mejorar la productividad y ampliar la oferta de servicios cuando existen incentivos adecuados, competencia o regulación efectiva. Pero también muestra que los resultados dependen de las condiciones de la operación. En telecomunicaciones, la privatización se produjo en un contexto de cambios tecnológicos y de expansión de la demanda.
La privatización de ENTel en 1990 dio lugar a un proceso de expansión de la telefonía fija
Mientras que en agua y saneamiento la lógica es distinta: se trata de un servicio esencial, con fuertes economías de escala y una demanda relativamente inelástica. Por eso, no es razonable trasladar automáticamente el modelo de una industria competitiva a un monopolio natural.
Las privatizaciones pueden ser una herramienta válida para mejorar la eficiencia, pero no aseguran un resultado en sí mismas. El desafío es que las operaciones se realicen con transparencia, condiciones competitivas y compromisos verificables de inversión y calidad. En AySA, esto es especialmente importante porque se trata de un servicio esencial y de una empresa cuya función excede la rentabilidad privada. La discusión debería abandonar la idea de que toda empresa estatal es necesariamente ineficiente y que toda empresa privada es necesariamente eficiente. Lo relevante es construir instituciones que permitan que el capital privado contribuya al desarrollo sin que el Estado renuncie a su responsabilidad de garantizar servicios esenciales.
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