ROSARIO.– El juez federal Carlos Vera Barros procesó a María Laura Garrigós de Rébori, exinterventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Alberto Fernández, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El magistrado, que subroga el Juzgado Federal N°4 de Rosario, la consideró responsable de no haber impedido que los líderes de organizaciones narco siguieran comunicándose desde la cárcel con sus bandas.
En la resolución, Vera Barros sostuvo que Garrigós de Rébori no arbitró los medios para comprar e instalar inhibidores de señal en las unidades del SPF, como exige el artículo 160 de la ley de ejecución penal 24.660.
También señaló que no buscó dentro del organismo los antecedentes de los pedidos de inhibidores que ya habían hecho los complejos de Ezeiza y Marcos Paz, donde estaban alojados los presos considerados de “alto riesgo”.
Según fuentes judiciales, la acusación central no se limita a los inhibidores. El juez entendió que la exfuncionaria no hizo nada para limitar el margen de acción de los jefes narco dentro de los penales federales. El fallo también menciona que no controló que el personal del SPF cumpliera las restricciones que distintos tribunales habían ordenado sobre las condiciones de detención de esos internos. Durante su gestión, además, se disolvió el área de inteligencia del SPF.
Garrigós de Rébori, exjueza de la Cámara de Casación Penal porteña y fundadora de Justicia Legítima, estuvo al frente del SPF desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021.
La investigación empezó en marzo de 2022, como desprendimiento de una causa contra Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos. Los fiscales sospecharon que los “beneficios” que tenía en el penal de Marcos Paz eran consecuencia de una “complicidad estructural” dentro del SPF. Después, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analizó documentación secuestrada y el manejo de los inhibidores en ese penal.
En agosto de 2023 los fiscales ampliaron el objeto de la causa al control deficiente del ingreso de celulares en todas las cárceles federales. La acusación la impulsaron Claudio Kishimoto, Matías Scilabra, Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona y María Andrea Garmendia Orueta.
Garrigós de Rébori debía declarar en agosto de 2025, pero pidió postergar la indagatoria y luego intentó apartar a los fiscales por “falta de objetividad”. La Cámara Federal de Rosario y después la Cámara Federal de Casación rechazaron ese planteo y confirmaron a los acusadores.
La defensa sostuvo que la investigación hizo un recorte arbitrario: se limitó al período de su gestión, aunque la obligación de instalar inhibidores rige desde 2017. En Casación, el camarista Gustavo Hornos recordó las dificultades excepcionales de la pandemia, el contexto en que le tocó conducir el SPF.
El problema que dio origen a la causa quedó documentado en el informe Narcocriminalidad en establecimientos penitenciarios de Procunar. El documento recopila escuchas que muestran cómo entraban los teléfonos a los penales y cómo los presos los escondían de las requisas.
En una de esas escuchas, Guille Cantero le explica a un familiar cómo burlar los controles: “Agarrá unos pedazos de carne, congelalos re bien, pero bien congelados y mételo ahí adentro”. Y agrega que los agentes tendrían que usar un martillo para descongelar el paquete.
Su hermano “Lucho” Cantero describe otros métodos. Pide que la visita la haga “sí o sí” una mujer embarazada, porque con la documentación del embarazo no pasa por el escáner. En otra conversación le avisan que la mujer que llevaría los aparatos tenía “los papeles de embarazada” pero no lo estaba. También habla de termos con forro de aluminio, de pavas con doble fondo y de un cargador escondido en la máquina del peluquero. En el Complejo de Ezeiza, el SPF secuestró un celular oculto en el doble fondo de una olla.
El informe también menciona la complicidad de agentes penitenciarios. En una escucha, Lucho Cantero pide que le “manden al cobani” un elemento para pasarlo “por la pecera”.
Cuando el Ministerio de Seguridad aisló a los presos de alto riesgo y los limitó a un teléfono fijo compartido con contactos autorizados, los jefes narco encontraron otra salida: la “triangulación”. Un familiar autorizado atendía la llamada y sumaba, por multiconferencia o juntando dos teléfonos, a personas con las que el preso no podía hablar. Entre ellas había otros detenidos.
En las escuchas de la causa FSM 61107, Guille Cantero instruye a sus contactos para que lo “unan” a otras líneas y les pide que no pongan el altavoz. Según la Procunar, por esa vía hablaba con presos de Ezeiza como Damián “Guampa” Toro Escobar. En los teléfonos secuestrados aparecieron capturas de pantalla de esas multiconferencias.
El método no era nuevo. Cantero lo había aprendido de Néstor “Loko” Rojas, líder del Primer Comando de Frontera, que había sido su compañero de pabellón.
Lo más grave, según la Procunar, es lo que los presos hacían con esas comunicaciones. El informe transcribe amenazas a magistrados y fiscales. En una, Julio Rodríguez Granthon, el narco peruano preso en Ezeiza, dice que junta plata para matar a la familia de una persona y al juez que le hace “la vida imposible”. En otra escucha, Rojas ordena conseguir “dos o tres pibes” armados para atacar a un hombre.
Rodríguez Granthon es un ejemplo de lo fácil que era reponer los aparatos. El 12 de diciembre de 2022 le secuestraron cinco celulares en su pabellón. Al día siguiente pidió por teléfono fijo que le llevaran “urgente dos” más, y al otro día tenía dos iPhone.
El informe de la Procunar es de abril de 2024, posterior a la salida de Garrigós de Rébori del SPF, y concluye que el problema seguía vigente. El organismo reclamó otra vez, como en 2021, que todas las cárceles federales tengan bloqueadores de señal, la medida que el juez Vera Barros considera que la exinterventora omitió.
- Servicio Penitenciario Federal (SPF)