La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por seis meses a los dragoneantes del Inpec Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, tras establecer responsabilidad disciplinaria por irregularidades en los controles de acceso de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia.
Según el fallo de primera instancia, los funcionarios omitieron realizar las anotaciones correspondientes al ingreso de una agrupación musical que acompañó al cantante vallenato Nelson Velásquez durante una celebración que tuvo lugar el 8 de abril de 2026 en el establecimiento penitenciario.
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El Ministerio Público determinó que los dos servidores incumplieron sus funciones de control y registro al no consignar el ingreso del grupo en la minuta correspondiente. Las conductas fueron calificadas como faltas graves cometidas a título de culpa grave.
La decisión disciplinaria se originó en la actuación de los funcionarios encargados de los controles de acceso durante la jornada en la que se desarrolló la celebración.
Para la Procuraduría, la omisión de los registros tuvo trascendencia social, debido a que, según el fallo, la conducta de los disciplinados generó desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, particularmente en el Inpec.
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La entidad también tuvo en cuenta que Góez David y Vargas Rubio confesaron durante la etapa de instrucción. Este reconocimiento permitió aplicar la reducción correspondiente al momento de establecer la sanción.
La medida impuesta contempla seis meses de suspensión e inhabilidad especial, de acuerdo con la decisión adoptada por el organismo de control en primera instancia.
Los hechos investigados ocurrieron el 8 de abril de 2026 en la cárcel La Paz, establecimiento de máxima y mediana seguridad ubicado en Itagüí.
La celebración se conoció públicamente después de que circularan registros en video de un evento con música en vivo dentro del penal. En la jornada participaron artistas y personas externas al establecimiento.
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Entre los asistentes estuvo Nelson Velásquez, quien amenizó la celebración. De acuerdo con la información suministrada por El Colombiano, al evento ingresaron más de 100 personas que no estaban privadas de la libertad, además de vehículos, bebidas alcohólicas, alimentos y servicio de meseros.
La celebración habría sido organizada por el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, señalado como máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía.
Torres Flórez fue capturado en marzo de 2019 y posteriormente condenado a 20 años de prisión por extorsión agravada y concierto para delinquir. Las autoridades también lo han investigado por homicidios, entre ellos el asesinato de la lideresa comunal Liliana Patricia Cataño, ocurrido en 2017.
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La celebración también dejó bajo revisión los mecanismos utilizados para controlar el ingreso de personas al establecimiento.
Entre las irregularidades conocidas estuvo el registro manual de 138 visitantes, situación atribuida a presuntas fallas en el sistema biométrico. Además, después de la celebración se conoció que las cámaras de la cárcel no estaban funcionando.
Las condiciones en las que se desarrolló el evento llevaron a las autoridades administrativas e investigativas a iniciar actuaciones para establecer las posibles responsabilidades del personal que estaba encargado de la vigilancia y los controles durante esa jornada.
Después de que el caso se hizo público, el Inpec anunció cambios en la dirección de la cárcel y en el comando de vigilancia, además de una investigación contra funcionarios que se encontraban de servicio.
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La sanción anunciada por la Procuraduría no constituye el cierre de todas las investigaciones relacionadas con la celebración.
El Ministerio Público informó que los procesos contra los demás funcionarios investigados continúan en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia. Entre ellos está el entonces director encargado del establecimiento penitenciario.
Por ahora, el fallo de primera instancia establece responsabilidad disciplinaria contra Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio por la omisión de los registros correspondientes al ingreso de la agrupación musical.
La decisión todavía puede ser objeto de los recursos previstos dentro del proceso disciplinario, mientras las actuaciones contra los demás investigados continúan en la instancia regional de la Procuraduría.
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