Tras cuatro audiencias de conciliación sin alcanzar un entendimiento, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon cerraron las negociaciones por el conflicto de Punta Mogotes. Ahora, el juez Simón Isacch deberá resolver si hace lugar a la medida cautelar presentada por la comuna para frenar la licitación de los 24 balnearios.
El último encuentro se realizó el 31 de agosto y fue la cuarta instancia de diálogo entre las partes. Las reuniones anteriores habían tenido lugar el 30 de junio y el 4 y 18 de agosto. En la audiencia final, Provincia y Municipio habían pedido un nuevo plazo para “continuar con las tratativas” y “cerrar un acuerdo”.
Ante ese pedido, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 había concedido 72 horas, aunque el plazo terminó sin que se alcanzara una solución.
“Agotadas las instancias de negociación, ahora estamos esperando que defina el juez”, coincidieron fuentes de la Provincia y del Municipio consultadas por LA CAPITAL.
Con el cierre de las conversaciones, Isacch reanudó los plazos procesales y deberá pronunciarse sobre la cautelar presentada por el Municipio a mediados de este año, mediante la cual busca detener el proceso de licitación anunciado por la Provincia.
Además, continúa pendiente la resolución sobre la demanda principal. La comuna pretende cancelar la deuda con la Administración Punta Mogotes (APM) para avanzar con el traspaso del complejo turístico a la órbita municipal.
El complejo se encuentra bajo la administración de la APM desde hace más de 40 años. El organismo está integrado en un 70% por la Provincia y en un 30% por el Municipio.
El conflicto comenzó en agosto de 2024, cuando el Municipio inició un reclamo para recuperar el control de los balnearios. La Provincia rechazó el planteo y la disputa derivó en una demanda judicial.
En mayo de este año, el gobierno de Axel Kicillof anunció un proceso que, en principio, finalizaría con el traspaso de Punta Mogotes a General Pueyrredon. Como parte del esquema, confirmó la extensión de las concesiones hasta abril de 2027 y anunció una licitación pública para realizar “obras de modernización integral”.
La Provincia también anticipó que el complejo sería entregado al Municipio una vez finalizadas las intervenciones previstas. La administración local rechazó ese esquema y recurrió a la Justicia para frenar la licitación y cualquier modificación sobre el predio hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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