Con cinco meses de retraso, el gobierno al fin logró copar la agenda con el tema de la seguridad.
En rápida sucesión: una cadena nacional; una “agenda contra el crimen organizado y el terrorismo” (abreviada ACOT, obvia referencia al CECOT en que el dictador – publicista Bukele agasaja a sus invitados); una serie de reformas constitucionales; y un operativo mediático para trasladar presos de una cárcel a otra.
Desde el punto de vista publicitario, un exitazo.
Desde el punto de vista del combate al crimen, puro humo.
Y es que la campaña del candidato Kast en seguridad tuvo dos pilares.
El primero fue negar la sal y el agua a las autoridades. Los republicanos votaron en contra de crear el ministerio de Seguridad, y desestimaron las evidencias de avance en materias como la baja de homicidios. Chile se caía a pedazos, y si los datos lo desmentían o al menos lo matizaban, mal por los datos.
El segundo fue contrastar esa realidad espantosa con un futuro esplendor. Apenas asumido, el nuevo gobierno aplicaría un plan que pondría de rodillas a la delincuencia.
¿Cómo? Misterio. Solo se necesitaba, decía Kast, “un gobierno valiente”. Cuando se le pedían detalles, el candidato respondía con generalidades, al punto de negarse a entrevistas y cobrarse a sí mismo el tiempo en los debates de campaña.
Ya sabemos qué vino después. Cinco meses de tropiezos, el reconocimiento de que no había un plan (Steinert), y de que la política heredada del gobierno anterior era suficiente (Arrau). Y ahora, el copamiento mediático.
Puro humo.
Una semana, en cadena nacional, el presidente anuncia que presentará una reforma constitucional para poder aplicar medidas de segregación y control a presos peligrosos.
Los expertos responden que no se necesita tal reforma, y que Gendarmería tiene facultades para hacerlo. A la semana siguiente, el mismo presidente anuncia que “cambió la mano”, que “hoy comienza una nueva etapa” y escenifica el traslado de presos a módulos de máxima seguridad con medidas de segregación y control.
¿Para qué necesitábamos la reforma, entonces?
Puro humo.
En sus redes, hablan de un hecho histórico, “inédito en 30 años”, musicalizando sus videos con Rage Against The Machine (¿tal vez en el gobierno piensan que la máquina contra la que rabia la banda es el lavaplatos o el microondas?).
“Hay un antes y un después”, anuncia Kast.
Parece que la cárcel se ideó el 11 de marzo. La verdad es que fue planeada por Bachelet, construida por Piñera y terminada por Boric. Que el gobierno ocupó una cárcel que los gobiernos anteriores dejaron lista. Y que solo 37 de los 600 presos son integrantes de organizaciones de crimen organizado, destinados a un régimen de máxima seguridad.
No, no hay un antes y un después. Hay continuidad, disfrazada con harta música, harto dron y harto show.
Puro humo.
El “Plan Cancerbero” del candidato Kast prometía 100 mil nuevas plazas en cuatro años, incluida una “megacárcel” en el desierto. Como en el chiste de la incautación de drogas, la cifra ha ido bajando en estos meses; ya va en 20 mil.
Pero, con el nombre “Plan Cancerbero: cárceles de verdad”, resucita. Y se apropia, con título de reality y gráfica de estudiante porro de diseño, de lo hecho por gobiernos anteriores para montar un show en vivo para los matinales.
Puro humo.
Más humo: el borrador de reforma constitucional del gobierno (porque ahora el gobierno se puso octubrista y afirma que los problemas se arreglan cambiando la Constitución) incluye un artículo para negarle a condenados por crimen organizado y terrorismo el acceso a salud, educación, trabajo y seguridad social durante su condena, y en los quince años posteriores a cumplirla.
“Es demencial”, acusa el senador de Demócratas, cercano al oficialismo, Matías Walker. Y ejemplifica que esto significaría que no recibieran vacunas, tratamiento por enfermedades infecciosas o atención de urgencia. Se suman al coro los exministros de Piñera, Enrique Paris (“no se puede dejar sin atención a una persona en situación crítica”) y Karla Rubilar (“hay una cuestión de salud pública; una tuberculosis no pregunta si quien contagia es delincuente”).
Incluso la ministra de Salud, May Chomali, tiene que poner cordura: “podría generar incompatibilidad con leyes como la ley de urgencia”, advierte.
Es obvio que es una norma absurda e inaplicable. ¿Por qué se plantea, entonces? El ministro de Seguridad da dos claves.
Primero: Arrau desafía a que “hagamos una encuesta y preguntémosle a la gente qué opina”, sobre si los “derechos de los delincuentes” deben financiarse con “la plata que usted paga de IVA al comprar pan”. Clarito. El titular funciona. Aporta al show. Con eso basta.
Puro humo.
Segundo: Arrau explica que los afectados “son derechos sociales de segunda generación”, y no derechos humanos fundamentales. Así, se debilitan en la Constitución estos derechos (salud, educación, trabajo y seguridad social), que quedan en inferioridad con respecto a otros: el derecho a propiedad de los delincuentes, por ejemplo, se mantiene incólume.
Interesante: se le quita a los narcos su derecho a la salud, pero sigue siendo intocable su derecho a la propiedad privada.
Más interesante: se le quitan derechos a condenados por crimen organizado, y no por homicidio, violación o pedofilia. Siguiendo la lógica de Arrau, ¿entonces al gobierno sí le parece bien que “con el IVA que la gente paga al comprar pan” se le entregue salud a un asesino y violador de niños? ¿Es menos grave ese delito?
Más interesante aún: hoy tenemos en Chile a un grupo de condenados por la forma más cobarde de terrorismo, el terrorismo de Estado. Ellos secuestraron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a chilenos.
Y reciben, “pagado con nuestro IVA al comprar el pan”, condiciones carcelarias de privilegio, atención de salud de excelencia en el Hospital Militar, y millonarias pensiones entregadas por el sistema público.
Esos terroristas tienen acceso a mejor salud y mejores pensiones que cualquier trabajador chileno. ¿Partamos por ellos, entonces?
Basta un mínimo análisis para entender que todo esto (la reforma, el show, la demagogia) es puro humo.