El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado en la madrugada de este miércoles una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para preguntarle desde cuándo tenía conocimiento del informe que atribuye a gendarmes marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta, un documento que, según el ministro, habría señalado “un fin distinto del migratorio” detrás de la operación, “de ser cierto”.
Ese informe, adelantado por El Español y Código 10, fue elaborado por el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y pone en duda la posición oficial del Ejecutivo sobre la inexistencia de advertencias previas sobre lo que podía suceder.
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El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, conocido por sus siglas como CENIF, es la unidad de inteligencia criminal de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Su trabajo consiste en analizar los flujos migratorios, hacer seguimiento de las rutas que utilizan las redes de inmigración irregular y evaluar los riesgos en los distintos puestos fronterizos.
El origen legal del CENIF se encuentra en la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, la norma que fijó la estructura de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. Un mes más tarde, la Orden INT/985/2023, de 16 de agosto, modificó el artículo 8.2.e de ese texto para precisar sus atribuciones. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el propio Grande-Marlaska, establece que a esta unidad “le corresponde la actividad de inteligencia criminal en las áreas de competencia de la Comisaría General”.
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La unidad actúa como Oficina Central Nacional para el seguimiento de la normativa comunitaria e internacional en materia de extranjería y fronteras, y redacta los informes que le solicitan organismos nacionales e internacionales. También cumple un papel definido por el Reglamento europeo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas: forma parte del Punto Nacional de Contacto con Frontex y del Centro Nacional de Coordinación. De esta unidad depende, además, la Brigada de Coordinación para los asuntos relacionados con la propia Frontex.
El informe atribuye a gendarmes marroquíes, bajo las órdenes de agentes de paisano, la guía de la entrada masiva con el objetivo de colapsar el sistema de control fronterizo español y neutralizar su capacidad de respuesta, y lo vincula con las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla. Varios representantes del poder marroquí, entre ellos el ex primer ministro Saadeddine Al Othmani o el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq -así como diversos medios afines a Mohamed VI- han reiterado este reclamo a lo largo del último mes.
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El documento detalla que los gendarmes uniformados dirigieron el flujo migratorio hacia zonas específicas de acceso, mientras agentes de paisano daban instrucciones en el espigón de El Tarajal, y añade que 14 presuntos yihadistas habrían entrado en la ciudad entre el 30 y el 31 de julio. El informe describe el episodio como una posible operación de contrainteligencia dirigida, entre otros fines, a cuestionar la efectividad del CNI.
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El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han mantenido versiones enfrentadas sobre los avisos previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Robles defendió ante el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí advirtió al Gobierno con antelación, con 25 agentes desplegados en la frontera. Marlaska, en cambio, insistió en que no existían informes que anticiparan lo ocurrido.
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En su carta, Marlaska pide al director general de la Policía, Francisco Pardo, que confirme desde cuándo el cuerpo disponía de esa información, que considera “absolutamente esencial” para la gestión de la crisis, tanto en sí misma como en sus consecuencias potenciales en materia fronteriza. El ministro invoca la Ley 36/2015 para sostener que esos datos debían haberse puesto “inmediatamente a disposición” del Consejo de Seguridad Nacional, y pide que se le informe “a la mayor brevedad” sobre la veracidad de lo publicado.
La jueza Tardón solicitó este análisis para determinar si la actuación marroquí podría constituir indicios de un delito contra la independencia del Estado, mientras el Gobierno, a través de Elma Saiz, atribuye la crisis a una campaña de desinformación de Rusia, Israel y la “internacional ultra”.
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