El Consejo de Estado admitió una demanda del concejal de Bogotá Julián Sastoque que busca sacar las toallas higiénicas del listado de servicios excluidos de financiación con recursos del sistema de salud, definido por el Ministerio de Salud.
Tras la decisión, el cabildante aseguró: “Tenemos buenas e importantes noticias y es que el Consejo de Estado admitió nuestra demanda para que el Ministerio de Salud modifique la resolución que prohíbe que los insumos de cuidado menstrual indispensables para nuestras niñas, jóvenes, mujeres, puedan ser cubiertos con los recursos públicos, los recursos del sistema de salud”.
La acción sostiene que la imposibilidad de acceder a productos de cuidado menstrual vulnera el derecho fundamental a la salud de las mujeres, al limitar la gestión de la menstruación en condiciones de dignidad, en especial en escenarios de discapacidad o vulnerabilidad económica.
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Al explicar el alcance de la demanda, Sastoque citó un antecedente local: “En Bogotá nosotros ya sentamos un precedente aprobando en 2024 un proyecto de mi autoría para que los colegios públicos empiecen a entregar los insumos de cuidado menstrual para las niñas, para las jóvenes, con una estrategia distrital para desestigmatizar la conversación y garantizar ese derecho”.
El concejal también se apoyó en pronunciamientos previos de la Corte Constitucional sobre el vínculo entre acceso a estos insumos y el derecho a la salud. “Eso mismo hay que hacerlo en Colombia cuando la Corte Constitucional ha dicho que cuando no se permite el acceso a estos insumos y productos, se está bloqueando el derecho a la salud por no poder gestionar la menstruación con dignidad y que se agrava cuando hay personas con discapacidad o situaciones de vulnerabilidad económica”, afirmó.
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En su petición al alto tribunal, Sastoque cerró: “Por eso le pedimos a los magistrados del Consejo de Estado que acoja nuestros argumentos por el derecho fundamental a la salud de nuestras niñas, jóvenes y mujeres”.
El 33,6% de la población en Colombia, lo que representa cerca de 17,3 millones de personas, enfrenta cada mes problemas estructurales para gestionar de manera adecuada su menstruación, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Esta problemática se relaciona con desigualdades económicas, sanitarias y sociales que afectan directamente la salud, la educación y la autonomía de quienes menstrúan. Lina Corredor, directora de La Aliada, explicó que el desafío no se limita al acceso a productos de higiene menstrual, sino que abarca barreras económicas, sanitarias y educativas.
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El Dane identificó que el 15,1% de las mujeres que menstruaron entre mayo de 2021 y mayo de 2022 tuvieron dificultades económicas para adquirir insumos básicos, y el 3,3% de quienes no cuentan con ingresos recurrió a alternativas como telas, trapos o papel higiénico, lo que incrementa los riesgos de infecciones y afecta la dignidad personal.
Además, el 7,9% de las mujeres indicó que tuvo obstáculos para acceder a baños limpios y privados durante el periodo menstrual, problemática más notoria en ciudades principales y zonas rurales. En áreas rurales, la falta de instalaciones adecuadas lleva a una mayor tasa de ausentismo escolar, con un 62% de niñas que faltaron al menos un día al colegio por motivos asociados a la menstruación, según Unicef.
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Las dificultades alcanzan cifras más altas entre mujeres pobres y sin ingresos, y afectan especialmente a adolescentes. El 8% de las mujeres ha debido interrumpir sus actividades diarias durante el periodo, principalmente por dolor, y un 3,3% por no disponer de dinero para productos de higiene. La directora de La Aliada propuso hablar de “empobrecimiento menstrual” para señalar la responsabilidad de instituciones y sistemas en la garantía de estos derechos.