Los $ 61,5 millones que, según la teoría del caso de la Fiscalía General del Estado, representan el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado en el caso Triple A pueden parecer una cifra difícil de dimensionar. Sin embargo, al compararla con obras públicas y programas sociales ejecutados o en marcha en el país, es posible entender el alcance que habría tenido una inversión de ese tamaño.
De acuerdo con la acusación, que se sigue contra 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ese perjuicio correspondería al presunto desvío de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina. Ese volumen, por sí solo, equivale a llenar 2.277 tanqueros con capacidad para 10.000 galones cada uno, una referencia utilizada en el transporte de combustibles, de acuerdo con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).
Las comparaciones que EL UNIVERSO presenta a continuación toman como referencia costos oficiales de proyectos públicos, programas sociales y obras de infraestructura. No significan que esos recursos estuvieran destinados originalmente a estas iniciativas, sino que buscan ilustrar la magnitud del monto que forma parte de la investigación penal.
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Obras y programas nacionales
Si esos $ 61,5 millones se comparan con programas nacionales, el monto alcanzaría para cubrir un año del Bono de Desarrollo Humano para 93.185 familias, tomando como referencia la transferencia anual de $ 660 por beneficiario, de acuerdo con los valores vigentes establecidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
También permitiría financiar la construcción de 1.521 viviendas de interés social (VIS), calculadas con el valor máximo de $ 40.420 por unidad establecido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) para viviendas VIS de dos dormitorios.
En educación, la cifra equivale a la construcción, fiscalización y equipamiento de doce unidades educativas fiscales, considerando un costo de $ 5 millones por plantel, según información de la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Cada una de estas instituciones tiene capacidad para recibir 1.140 estudiantes por jornada, por lo que una inversión de esta magnitud habría ampliado la infraestructura educativa pública para miles de alumnos.
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Obras a nivel de Guayaquil
Las comparaciones también permiten trasladar esa cifra a proyectos que actualmente se ejecutan en Guayaquil, ciudad administrada por el alcalde Aquiles Alvarez.
Por ejemplo, con $ 61,5 millones podrían financiarse cuatro pasos elevados como el que se construye en la avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos, tomando como referencia un presupuesto de $ 14,7 millones, de acuerdo con información pública de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil.
Precisamente este lunes 20 de julio se habilitó el primer tramo del paso elevado, permitiendo el paso vehicular en ambos sentidos, mientras continúa la construcción del segundo cuerpo del puente, que atenderá el flujo hacia la vía a la costa.
El mismo monto también alcanzaría para construir 28 parques lineales similares al proyectado entre El Limonal y Juan Pablo II, cuya inversión asciende a alrededor de $ 2,2 millones, según información del Municipio de Guayaquil, o para ejecutar tres proyectos integrales de alcantarillado como el que se desarrolla en Sergio Toral, valorado en $ 19,9 millones, de acuerdo con registros del Municipio de Guayaquil.
Pero la comparación más significativa está relacionada con una de las necesidades históricas del noroeste de Guayaquil: el acceso al agua potable.
Con $ 61,5 millones podrían financiarse 11 proyectos como la primera fase de las redes de agua potable de Monte Sinaí, cuya inversión asciende a $ 5,5 millones, según el Municipio de Guayaquil. La obra contempla la instalación de 109 kilómetros de tuberías, conexiones domiciliarias, válvulas de control, hidrantes y macromedidores para abastecer a cooperativas como Valle Hermoso, María Paidal, 31 de Octubre, Camino Real y Valle Hermoso Alto.
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Se trata de sectores donde miles de familias han dependido durante años de tanqueros para acceder al agua. La ejecución de obras de este tipo busca reemplazar ese sistema por una red formal de distribución y garantizar un servicio continuo.
La iniciativa forma parte de la estrategia hídrica municipal y complementa la construcción del tramo 1 del quinto acueducto, considerado el principal proyecto de agua potable que actualmente se ejecuta en la ciudad.
Esta obra demanda una inversión de $ 54,4 millones, de acuerdo con información del Municipio de Guayaquil y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), por lo que el monto del presunto perjuicio económico incluso supera su costo total.
Este proyecto contempla 21,4 kilómetros de tuberías matrices para ampliar el abastecimiento hacia 500.000 habitantes de sectores que históricamente han carecido de una red formal de agua potable, entre ellos Mi Lote, Ciudad de Dios, Flor de Bastión, Monte Sinaí, Sergio Toral, Ciudad Victoria, Bosques del Edén y Socio Vivienda, además de zonas en crecimiento de la vía a la costa.
Más allá del proceso judicial, las comparaciones muestran la dimensión que representan $ 61,5 millones en inversión pública. Esa cifra habría permitido financiar obras de movilidad, saneamiento, vivienda, educación y agua potable capaces de beneficiar a miles de personas, especialmente en sectores donde aún existen necesidades históricas de infraestructura y servicios básicos.
En tanto, en el marco del proceso penal, la audiencia de juzgamiento se retomó los días 18 y 19 de julio, jornadas en las que las defensas de las empresas procesadas comenzaron a presentar su prueba pericial y testimonial.
De acuerdo con el cronograma fijado por el Tribunal Anticorrupción de Juicio, la diligencia continuará el 24, 25 y 26 de julio y seguirá la evacuación de las pruebas anunciadas por los procesados. (I)