El Jurado de Enjuiciamiento mantuvo en su cargo este miércoles al juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, sobre quien pesaba un pedido de destitución por mal desempeño de sus funciones. Había recibido múltiples denuncias por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género de parte de los empleados judiciales que trabajaban con él.
El veredicto concluyó que el juicio político fue “un desenlace desproporcionado que de ningún modo puede justificar la destitución de un magistrado cuya honorabilidad e idoneidad técnica permanecen indemnes”.
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El jury entendió que los hechos denunciados existieron, pero “no alcanzan a revestir la entidad, lesividad ni gravedad cualificada exigidas para tener por configurados los graves desórdenes de conducta previstos en el artículo 25, inciso 5, de la ley 24.937″, donde están previstas las causales de remoción, que es la sanción más grave.
Además, advirtieron que no funcionaron los resortes administrativas dentro del tribunal para dar una solución temprana al conflicto. “La decisión de ignorar los carriles específicos previstos al respecto en favor de una inmediata incriminación penal no puede ser subsanada mediante la sanción más drástica”, dice la sentencia.
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Díaz Lacava había sido suspendido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura el 15 de abril último, aunque hace tres años y medio que no puede entrar a los tribunales pampeanos porque pesa sobre él una orden de alejamiento de al menos 300 metros de las víctimas. Trabajó de manera remota hasta que lo suspendieron. Ahora volverá a su cargo en estas condiciones.
Además del juicio político que culminó este miércoles, el magistrado será juzgado en sede penal. Está procesado por amenazas, lesiones -leves y graves en un contexto de violencia de género-, maltrato laboral, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia.
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Ante el jury, quienes pidieron la remoción de Díaz Lacava fueron los miembros del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña -presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- y Álvaro González -diputado nacional del PRO-. Lo responsabilizaron por episodios sistemáticos de violencia en el tribunal: “Incurrió en desórdenes de conducta que afectaron el servicio de justicia”, alegaron los acusadores.
El juez Barroetaveña describió escenas de “gritos, golpes, explosiones de furia” por “teorías conspirativas y de traición del juez” o “rondas de enojo, interrogatorios y ofuscamiento por cuestiones triviales que él transformó en graves e intolerables”, como la ubicación de un matafuego o un crucifijo en la sala.
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Durante el debate se ventilaron situaciones tales como insultos y comentarios inapropiados sobre el cuerpo de los funcionarios; un piedrazo que el magistrado arrojó desde la vereda hacia una ventana en la que estaban los denunciantes; o haber encerrado a los empleados en una oficina para gritarles e interrogarlos.
En su defensa, Díaz Lacava se apoyó en un dictamen del Cuerpo Médico Forense, que entrevistó a todos los denunciantes y no detectó lesiones físicas, según expuso su abogado, Andrés Gil Domínguez.
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También justificó su vehemencia en la autoexigencia que intentaba imprimirle a la labor judicial. “Durante la pandemia y poco después, Díaz Lacava estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal en varios aspectos, dentro de los cánones de autoexigencia que él tiene”, argumentó la defensa.
Otros incidentes, como el piedrazo, fueron justificados por el juez como “una broma de mal gusto”.
El Jurado de Enjuiciamiento que confirmó en el cargo a Díaz Lacava está presidido por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, y conformado por el camarista de San Martín, Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (LLA - Tierra del Fuego) y María Florencia López (UxP - La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA - Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UxP - Corrientes) y la abogada de la matrícula federal, Ana Beatriz Fernández.
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“El juicio político no fue concebido para suplir las falencias del gobierno interno del Tribunal, ni para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas constitucionales de remoción”, concluyó este jurado.
Díaz Lacava es el tercer juez federal sometido a jury en menos de un año, y ya hay un cuarto camino a juicio.
En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, de un tribunal oral de Mar del Plata, acusado de robar monedas de oro secuestradas cuando era secretario en San Isidro.
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El 18 de agosto pasado fue removido de su cargo el juez federal marplatense Alfredo López, acusado de publicar mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.
En tanto, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva por corrupción -no está detenido porque mantiene los fueros-, también espera ser juzgado, acusado de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos.
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