Las terminales de Limón continúan bajo interés de las organizaciones dedicadas al narcotráfico por la actividad diaria de exportaciones, la infraestructura portuaria y la cercanía marítima con Colombia. Esas condiciones permiten a las redes buscar apoyo local para introducir cocaína en una cadena comercial que opera de forma cotidiana.
Uno de los mecanismos examinados en el caso Leviatán fue el acceso a información interna sobre los buques que llegaban a Costa Rica y los destinos que seguirían después de zarpar. Con esos datos, la organización investigada habría podido identificar contenedores para ocultar cargamentos antes de su salida hacia Europa o Estados Unidos.
PUBLICIDAD
La Policía de Control de Drogas detuvo a ocho personas después de detectar un tráiler con 256 paquetes de cocaína que tenía como destino la Terminal de Contenedores de Moín. El procedimiento ocurrió casi un mes después del caso Leviatán, que a finales de julio desarticuló una organización presuntamente infiltrada en el principal puerto de Limón.
El nuevo caso mostró que otras agrupaciones pueden intentar asumir tareas o utilizar rutas tras las intervenciones contra redes de narcotráfico. Para las autoridades, la detención expuso la capacidad de reorganización de estas estructuras y la permanencia de las terminales limonenses como punto de interés para envíos hacia mercados internacionales.
PUBLICIDAD
El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto explicó, a El Observador, que una parte considerable de las exportaciones costarricenses sale por Limón.
Para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, introducir cocaína en esa actividad supone aprovechar una logística portuaria que mantiene movimiento todos los días.
La proximidad marítima con Colombia también facilita el traslado de cargamentos hacia Costa Rica antes de su envío a Europa o Estados Unidos. Soto señaló que los grupos cuyos líderes son encarcelados pueden reorganizarse para continuar con sus operaciones, mientras otras bandas pueden buscar el control de las rutas disponibles.
PUBLICIDAD
Según El Observador, las organizaciones internacionales no necesitan instalar toda su estructura en Costa Rica, ya que pueden contratar redes locales para ejecutar tareas específicas dentro de la operación. La investigación de Leviatán examinó una presunta red que cumplía funciones relacionadas con la actividad de la terminal.
El expediente estableció que la organización mantenía negociaciones con personal interno para acceder a datos sobre los buques que llegaban al país y sus destinos posteriores. Esa información permitía seleccionar contenedores para ocultar cargamentos de cocaína antes de que salieran de Costa Rica.
La banda que presuntamente encabezaba Casanova Duartes, conocido como Cholo, cobraba USD 250,000 por cada envío hacia Europa o Estados Unidos. El monto no variaba según el volumen de droga transportado.
PUBLICIDAD
Durante el operativo vinculado con Leviatán, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que nueve policías fueron detenidos como parte de la estructura investigada. Los allanamientos relacionados con el caso se realizaron un martes en distintos puntos de Costa Rica.
La causa atribuía el liderazgo de la organización a la hija de Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, y a su pareja, Cholo. Las autoridades investigaban la posible infiltración de la red en la operación del principal puerto limonense.
Soto ya había encabezado, cuando ocupaba el cargo de ministro de Seguridad, operaciones contra estructuras que actuaban en la terminal entre 2020 y 2021. En el último año de ese período, la operación Descontaminación Caribe derivó en la detención de 12 personas.
PUBLICIDAD
Diez de los capturados eran entonces funcionarios de APM Terminals. Los otros dos habían trabajado previamente para la compañía, de acuerdo con los datos citados por el medio.
La investigación atribuyó a la organización el envío de más de 14 toneladas de cocaína a través de los puertos costarricenses. El expediente incluyó la presunta participación de agentes de la Policía de Fronteras, personal de seguridad privada, conductores de cabezales, trabajadores de APM Terminals y empleados de una cooperativa contratista.
Según las pesquisas, esas intervenciones habrían permitido el ingreso, la manipulación y la salida de contenedores sin que se activaran las alertas correspondientes. La causa examinó posibles colaboraciones en distintas etapas de la operación portuaria.
PUBLICIDAD
El Ministerio de Seguridad Pública anunció el lunes la creación del Grupo Táctico Portuario, conocido como Grutap. La unidad se integrará a la Operación Soberanía, que está vigente desde 2023, con el objetivo de reforzar la vigilancia en las terminales.
Los funcionarios que formarán parte del grupo recibieron capacitación en Limón por instructores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La preparación se suma a las mejoras tecnológicas y a la experiencia acumulada por los cuerpos policiales en los controles portuarios.
El director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, indicó que la formación de los funcionarios busca fortalecer la probidad institucional. El jerarca mencionó como parte de ese objetivo los “activos estratégicos como las terminales portuarias”.
PUBLICIDAD
El viceministro de Seguridad, Gerardo Castaing, sostuvo que los cursos impartidos con apoyo del gobierno estadounidense son necesarios ante las redes que buscan exportar cocaína hacia Europa y Estados Unidos.