
La organización civil Reinserta exigió al Estado mexicano tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado como un delito autónomo, luego de que un operativo federal desmantelara un presunto campamento de captación del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan, Jalisco, donde fueron detenidas seis personas armadas. La organización advirtió que México llega sistemáticamente tarde y que la respuesta institucional no puede limitarse a reaccionar.
El reclutamiento de menores por grupos delictivos no existe como figura penal independiente en el marco jurídico mexicano. Esa ausencia tiene efectos directos: impide cuantificar la magnitud real del fenómeno, obstaculiza la generación de información confiable y limita la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar con un enfoque centrado en las víctimas.
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La conducta queda hoy dispersa entre distintos tipos penales que no fueron diseñados para capturarla en su totalidad. El resultado, según Reinserta, es una violencia que permanece invisible para el derecho y que no recibe una respuesta integral por parte del Estado.

“Tipificar el reclutamiento representa un paso indispensable para visibilizar una violencia que hoy permanece fragmentada entre distintas figuras penales y que continúa sin recibir una respuesta integral por parte del Estado”, dijo Reinserta.
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El aseguramiento del presunto campamento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zapopan, Jalisco, con seis detenidos armados durante un operativo federal, es el caso más reciente de una práctica que Reinserta describe como sistemática.
Para la organización, el hallazgo no es un hecho aislado. Se suma a otros casos registrados en los últimos meses que confirman que adolescentes continúan siendo captados mediante engaños, coerción, aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad y falsas promesas de empleo o pertenencia.
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Las constantes noticias sobre menores desaparecidos y el descubrimiento de espacios destinados a su adiestramiento son, según Reinserta, evidencia de que este fenómeno no responde a hechos puntuales, sino a una práctica estructural frente a la cual México continúa llegando demasiado tarde.
Las cifras documentadas por Reinserta en 2022 describen un patrón que se repite con precisión. Entre los adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado, 7 de cada 10 pasaron por un proceso formal de adiestramiento dentro de la estructura criminal.
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La misma proporción terminó desempeñando actividades de sicariato. En 5 de cada 10 casos, el reclutador no fue un desconocido: fue un amigo.
Esos números ubican el problema lejos de cualquier margen de excepcionalidad y describen la magnitud de una práctica que el Estado mexicano aún no ha logrado enfrentar de manera estructural.
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La reacción institucional llega cuando el daño ya está hecho
Reinserta reconoció el valor de los operativos de seguridad: son acciones necesarias para proteger a las víctimas y combatir a la delincuencia organizada. Sin embargo, advirtió que cuando las autoridades localizan un campamento o desarticulan una red de captación, la captación ya se consumó.
La organización sostuvo que la discusión no puede limitarse a la reacción institucional, sino que debe orientarse a construir las capacidades necesarias para impedir que más niñas, niños y adolescentes sean reclutados.
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“Estos operativos constituyen acciones necesarias para la protección de las víctimas y el combate a la delincuencia organizada; sin embargo, también evidencian que el proceso de captación ya se consumó”, aseguró la organización.
Mientras los grupos delictivos perfeccionan sus mecanismos de captación en comunidades y entornos digitales, México sigue sin una estrategia que coordine de forma articulada y sostenida acciones de prevención, detección temprana, protección, atención y desvinculación. Las iniciativas existentes son dispersas y carecen de objetivos comunes, responsabilidades claras y mecanismos permanentes de coordinación.
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Una respuesta proporcional a la dimensión del problema, sostiene Reinserta, requiere pasar de acciones aisladas a una política de Estado.
En los próximos meses, Reinserta presentará nuevas herramientas de prevención dirigidas a adolescentes. Estarán diseñadas para fortalecer la identificación de riesgos, promover factores de protección y brindar información que contribuya a evitar la captación por parte de grupos delictivos.
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La organización continuará impulsando el reconocimiento del reclutamiento como delito autónomo y promoviendo una política pública integral desde la evidencia, la incidencia y la atención directa.
“El verdadero desafío no es únicamente desarticular a los grupos que los reclutan, sino construir un país donde ninguna adolescencia sea vulnerable a ellos”, comentó Reinserta.
“Esa, y no el número de campamentos desmantelados, será la verdadera medida del éxito de las políticas de seguridad, justicia y protección de la niñez”, agregó.