El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, defendió este viernes la decisión del máximo tribunal de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La medida cautelar interina restableció provisoriamente las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, mientras continúa el trámite judicial.
Durante una entrevista, el magistrado sostuvo que la resolución responde a una trayectoria de protección ambiental y no a las presiones públicas que generó el caso. “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó.
Lorenzetti también cuestionó la distancia entre las expresiones en redes sociales y las acciones concretas dentro de las instituciones. “Hay una incitación a la acción ineficaz”, advirtió, y reclamó más participación a través de herramientas judiciales y del Congreso.
Por qué la Corte volvió a suspender el artículo del DNU 70/23
El magistrado explicó que el expediente incluyó dos medidas cautelares presentadas por organizaciones diferentes. La primera fue rechazada por falta de legitimación procesal, mientras que la segunda correspondía a una asociación ambientalista cuyo planteo debía analizarse por separado.
Según Lorenzetti, los procedimientos colectivos tienen un orden de tratamiento y los plazos procesales explican por qué las decisiones no se resolvieron simultáneamente. La nueva cautelar se apoyó en la protección ambiental y en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que contempla facultades judiciales para adoptar medidas de protección.
En el fallo, la mayoría consideró necesario suspender provisoriamente los efectos de la norma para evitar posibles daños irreparables. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
Lorenzetti defendió las diferencias de criterio dentro del tribunal y señaló que la posición de Rosenkrantz también es legítima. “Hay distintas opiniones en la Corte”, explicó, al remarcar que las divergencias forman parte del funcionamiento institucional.
Otro de los puntos de la entrevista televisiva apuntó al papel de la sociedad en los debates públicos. El juez comparó la movilización judicial y social que acompañó otros conflictos ambientales con la cantidad de presentaciones realizadas en este caso.
“Hay una enorme diferencia en lo que pasa en las redes con las acciones efectivas”, sostuvo. También apuntó al Congreso porque, según indicó, el DNU había sido tratado en el Senado en marzo de 2024 y seguía sin una definición legislativa integral sobre este punto.
El magistrado advirtió que las publicaciones digitales pueden generar visibilidad, pero no reemplazan los mecanismos institucionales. “La sociedad necesita debatir y no chocar”, expresó, al defender el uso de amparos, medidas cautelares y discusiones parlamentarias.
Qué dijo sobre la democracia y Cristina Kirchner
Consultado sobre las afirmaciones de que la democracia estaría en peligro por la imposibilidad de que la expresidenta Cristina Kirchner compita electoralmente, Lorenzetti rechazó esa interpretación. “Yo creo que la democracia no está en peligro”, respondió, y sostuvo que en el país existe un debate público activo.
Sobre la inhabilitación perpetua de la expresidenta, diferenció las opiniones políticas de las consecuencias previstas por la ley. Señaló que la sanción puede discutirse en términos generales, pero afirmó que ese planteo no fue formulado por la defensa en el caso concreto.
Para Lorenzetti, la discusión pública debe continuar dentro del Estado de Derecho y respetar las decisiones judiciales. Su exposición combinó la defensa de la cautelar sobre la Ley de Tierras con un llamado a fortalecer la participación institucional.