Para miles de migrantes salvadoreños en Estados Unidos, la licencia de conducir es mucho más que un trámite rutinario: representa el documento que les permite salir a trabajar, pagar la hipoteca y sostener a sus familias.
Sin embargo, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan hoy un laberinto burocrático al intentar renovar sus credenciales de conducir, un obstáculo alimentado por la falta de unificación entre la normativa federal de inmigración y las reglas de los departamentos de vehículos motorizados (DMV) locales.
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Un reportaje elaborado por la periodista Jacqueline Quijano para Univisión sacó a la luz la dura realidad que viven estos trabajadores en la región de Washington D.C., Maryland y Virginia, donde la incertidumbre por la vigencia de sus documentos los está empujando a tomar decisiones extremas para no perder su sustento diario.
En las afueras de las oficinas del DMV, el sentimiento generalizado es de frustración y desconcierto. René, un beneficiario salvadoreño del TPS que acudió a la sede de la Rhode Island Avenue en Washington D.C., denunció las presiones a las que se ven sometidos los conductores.
Según relató, los funcionarios pretendían que firmara un documento donde aceptaba no tener autorización legal en el país para así otorgarle una licencia en la categoría de indocumentado. René se negó rotundamente a firmar, señalando la incoherencia de la situación y recordando que el DMV trabaja en coordinación con las autoridades de inmigración, por lo que no consideraba justo ser reclasificado arbitrariamente.
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Una experiencia similar vivió María, quien salió de las instalaciones con las manos vacías. A pesar de que previamente le habían asegurado que con la documentación de su TPS podría tramitar el documento, la respuesta final fue un rotundo rechazo. “Ya me echaron para atrás aquí”, lamentó al salir sin su credencial.
La raíz del problema radica en el desfase de comunicación e interpretación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias de vehículos de cada estado. Cuando el gobierno federal extiende el TPS, la protección y los permisos de trabajo se mantienen vigentes de manera automática mediante publicaciones en el Registro Federal.
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Sin embargo, la emisión de licencias de conducir es una facultad estrictamente estatal, lo que genera criterios dispares y contradictorios:
- Falta de plástico actualizado: Muchos estados exigen ver una tarjeta física de permiso de trabajo con una fecha de expiración futura
- Incompatibilidad del sistema en D.C.: Cuando la extensión del TPS no especifica una fecha límite exacta para el permiso de trabajo, la plataforma del DMV carece de la capacidad técnica para emitir una licencia vinculada a esa expiración. Debido a esto, la opción que ofrecen es tramitar licencias por ocho años sin el distintivo Real ID.
- Disparidades regionales: Mientras que en Maryland las autoridades responden a través del sistema de verificación federal SAVE lo que permite emitir licencias Real ID de hasta un año si la persona aplica, en otras jurisdicciones la falta de respuesta o la rigidez de los trámites dejan a los usuarios sin alternativas claras.
Expertos en materia migratoria recuerdan que acudir al DMV a tramitar o renovar la licencia no constituye, por sí solo, un motivo para ser procesado para deportación, ya que la protección del TPS sigue legalmente activa mientras no se emita un aviso final en contrario.
Sin embargo, el vacío administrativo crea una vulnerabilidad real. La reclasificación de beneficiarios legales bajo licencias limitadas no solo invisibiliza su estatus regular, sino que fomenta el miedo y la inseguridad jurídica en una comunidad salvadoreña que sigue aportando de manera sostenida a la economía estadounidense.
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