La audiencia en la que estaba previsto que se conociera la sentencia del caso Pruebas COVID-19 fue diferida la tarde de este lunes 3 de agosto, luego que el Tribunal de Garantías Penales informara que el juez ponente, Gandhy Cervantes Galván, presentó un permiso médico y no pudo asistir a la diligencia.
La audiencia se instaló pocos minutos después de las 17:00 mediante la plataforma Zoom. En un inicio, el Tribunal constató la presencia de todos los sujetos procesales y señaló que la diligencia estaba prevista únicamente para la lectura de la resolución oral.
Sin embargo, una funcionaria judicial informó que el juez ponente no se encontraba presente debido a un permiso médico, por lo que no era posible emitir el veredicto. En consecuencia, el Tribunal anunció que el martes 4 de agosto notificará una nueva fecha y hora para reinstalar la audiencia y dar a conocer la resolución.
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Durante la instalación de la diligencia se registró la comparecencia de la representante de la Fiscalía, así como de los procesados Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, Sheinman Oren y Orietta Isabel Marengo. También estuvieron presentes varios abogados defensores, entre ellos José Moreno, defensor de Abdalá Bucaram; Diego Córdova, abogado de Leandro Berrones; además de Carolina Cruz y Alfredo Arboleda.
El caso investiga una presunta estructura de delincuencia organizada relacionada con la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para detectar COVID-19, mascarillas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Según la teoría de la Fiscalía, los procesados habrían colaborado con una organización que obtuvo beneficios económicos mediante la venta de esos insumos. La acusación sostiene que parte de la mercancía fue trasladada hasta la vivienda del expresidente Abdalá Bucaram en Guayaquil y que Jacobo Bucaram habría pagado $ 321.600 en efectivo por las pruebas diagnósticas, de acuerdo con el testimonio rendido durante la investigación por uno de los ciudadanos israelíes involucrados en el caso.
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En sus alegatos finales, la Fiscalía solicitó que los procesados sean declarados culpables por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de colaboración, cuya pena oscila entre cinco y siete años de prisión.
La audiencia de juzgamiento comenzó el 11 de abril de 2025 y se extendió durante varios meses debido a múltiples diferimientos. El Tribunal ya había ingresado a deliberar tras escuchar los alegatos finales de las partes y este lunes estaba previsto únicamente dar lectura a la resolución oral, diligencia que quedó aplazada por la ausencia del juez ponente. (I)