Madrid, 28 jul (EFE).- El Gobierno ha acordado suspender, entre el 27 y el 31 de julio, los plazos procesales en aquellos partidos judiciales en los que los incendios forestales han dificultado el desarrollo normal de la actividad.
La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley, afecta a los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules, según informa en un comunicado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
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La suspensión de los plazos procesales cuenta con las excepciones habituales previstas en la ley: las actuaciones urgentes del orden penal, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y los procedimientos de protección de menores, que no se verán afectados.
Además, la norma incorpora una cláusula final que faculta al juez o tribunal para acordar cuantas actuacionrs judiciales resulten necesarias con el fin de evitar perjuicios irreparables para los derechos de las personas afectadas.
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Los profesionales que tengan su domicilio profesional o particular en algunos de los mencionados partidos judiciales pueden notificarlo al juzgado para solicitar de forma excepcional, la suspensión de plazos o vistas.
Así, subraya el Ministerio, las personas afectadas por los incendios podrán centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales.
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El real decreto-ley también permite a las personas y empresas afectadas disponer de más tiempo para solicitar la declaración de concurso en caso de encontrarse en una situación de insolvencia, y suspende temporalmente los plazos para reclamar derechos o iniciar determinadas actuaciones legales.
El Gobierno ha adoptado estas medidas en coordinación con los operadores jurídicos y atendiendo a las peticiones trasladadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), para reforzar la protección de las personas afectadas, garantizar la seguridad jurídica y procurar que las consecuencias de los incendios forestales no limiten el ejercicio de sus derechos ni el acceso a la justicia.
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La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos respecto de los incendios ocurridos a partir del 23 de julio.EFE