(BUENOS AIRES).- «Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva«, sostuvo la Sociedad Rural Argentina, que se sumó al repudio por la absolución de Maximiliano Cabaleyro, resuelta esta semana. El dirigente había sido acusado de bloquear Rey Distribución SRL y exigir dinero a sus propietarios.
En su comunicado, la entidad expresó: «Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva«.
La Sociedad Rural Argentina también defendió la propiedad privada y planteó que el derecho a huelga y la libertad sindical deben ejercerse sin avasallar los derechos de terceros ni vulnerar la ley. Sostuvo que el ejercicio de esos derechos debe respetar las libertades individuales, los bienes y el trabajo de los demás, y vinculó la propiedad privada con el desarrollo, la inversión y la generación de empleo.
La Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación ante decisiones judiciales que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La defensa de la propiedad privada y la libre circulación son pilares esenciales de una sociedad democrática y del desarrollo productivo. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de las actividades productivas y el ejercicio de la libertad de trabajo.La propiedad privada, garantizada por la Constitución Nacional, es indispensable para promover la inversión, la producción y el empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ejercerse con respeto por los derechos de terceros y dentro del marco de la ley. Desde la Sociedad Rural Argentina reafirmamos que defender la propiedad privada, la libre circulación y la libertad de trabajar es defender la seguridad jurídica, la producción y el futuro de todos los argentinos.
— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) October 17, 2026
La entidad relacionó el respeto por la ley y la seguridad jurídica con la convivencia, el fortalecimiento de las instituciones y el crecimiento del país. También sostuvo que la Argentina necesita reglas claras y una Justicia que garantice los derechos de todos, y que defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de los argentinos.
La Justicia absolvió a los sindicalistas
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás absolvió a Cabaleyro de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. El juez Alejandro López argumentó que su accionar se enmarcó en el derecho de huelga y sostuvo que los bloqueos no podían considerarse típicos de los delitos acusados. La fiscalía había pedido diez años de prisión; también fueron absueltos Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, exempleados de la distribuidora acusados de turbación de la posesión. Cabaleyro encabezaba la regional camionera San Nicolás, San Pedro y Ramallo y estaba vinculado al gremio conducido por Hugo y Pablo Moyano.
Rey Distribución SRL es una firma de San Pedro dedicada a distribuir alimentos y bebidas y tiene 34 empleados. Sus propietarios denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones de Cabaleyro y otros referentes camioneros desde 2017.
En un comunicado difundido este viernes, la Unión Industrial Argentina (UIA) sostuvo: «Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina». La entidad pidió que «las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes». La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) afirmó que avalar estas prácticas «representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país». La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su «más honda consternación» y cuestionó la decisión: «La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito».