EDITORIAL
El asedio contra parques naturales persiste, pero las medidas de protección siguen siendo endebles, esporádicas y reactivas.
Esta semana ocurrió un incidente sintomático: taladores ilegales de madera aserraban árboles centenarios, de maderas preciosas, en el biotopo protegido El Zotz-San Miguel La Palotada, en la Biósfera Maya de Petén. Huyeron al ser sorprendidos por guardabosques y algunos integrantes de fundaciones ecológicas. Se presentaron fuerzas policiales de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), para rastrearlos. Sin embargo, fueron retenidos por supuestos pobladores, con amenazas de linchamiento.
Por desgracia, no se trata de un hecho aislado. Detrás de tales incursiones, para corte de árboles y cacería de especies, existen ambiciones malsanas y redes delictivas relacionadas con otros trasiegos. Acicatean a los aldeanos para convertirlos en fuerza de choque y a la vez en carne de cañón. Lo peor de todo es que, con toda esta anomia, prosigue la pérdida acelerada de bosques, se intimida a quienes los protegen y se prolonga la impunidad ambiental. En los últimos 25 años, Guatemala ha perdido una cuarta parte de su cobertura forestal, por tala, incendios, urbanización y hasta cambio de uso de suelos.
Imágenes satelitales evidencian el aumento de parches cafés o grises donde antes había vegetación. Y, en el caso de Petén, la desaparición de bosques alcanzó un 33% en el mismo período. Ciertamente, no se debe impedir el progreso ni el desarrollo; sin embargo, cuando se producen quemas, desmontes e invasiones en áreas protegidas, que son patrimonio natural y climático de todos los guatemaltecos, se está ante un perjuicio general. No falta todavía quien pregunte: “¿Por qué ahora ya no llueve como antes?” o “¿por qué esta sequía tan prolongada este año?”. Por supuesto, a las redes criminales poco les importan estos extremos.
En ese contexto, es necesario que el gobierno y entes ambientales emprendan campañas de divulgación, con pertinencia cultural y en múltiples idiomas a fin de sembrar una idea clara: perder bosques significa más calor, menores ciclos de lluvia, más riesgo de derrumbe de cuencas. Este deterioro forestal se produce no solo en áreas rurales, sino también en zonas urbanas donde la falta de visión y previsión de alcaldes conduce a eliminar vegetación en arriates o parques por un simple gusto estético o para crear más zonas de estacionamiento u otros tipos de infraestructura que bien podría convivir con la naturaleza.
Es un concepto de ciencias naturales de primaria saber que los bosques ayudan a conservar humedad, proteger suelos, regular el agua y almacenar carbono. Su desaparición aumenta la vulnerabilidad de territorios donde miles de familias dependen de la agricultura y de fuentes naturales de agua. La contradicción es evidente: Guatemala necesita más capacidad para enfrentar un clima cada vez más extremo, pero se sigue perdiendo cobertura forestal. Un campo de cultivo en suelo deforestado puede rendir tres o cuatro cosechas, para luego quedar agotado, y ello conduce a nueva destrucción. Ese mismo patrimonio naturales puede ser resguardado por la comunidad y convertido en atractivo ecoturístico sostenible que no solo permite el desarrollo, sino también la continuidad del ciclo ecológico.
Pero el desarrollo no les conviene a las bandas criminales que estimulan la pobreza, que incitan a pobladores a invadir, talar y hacer la limpieza del terreno en donde posteriormente aparecen pistas clandestinas para narcovuelos. Las denuncias se siguen acumulando. El asedio contra parques naturales persiste, pero las medidas de protección siguen siendo endebles, esporádicas y reactivas.
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