Un fuerte choque institucional y judicial entre los municipios de Tandil (encabezado por el radical Miguel Lunghi) y Azul (gestionado por el peronista Nelson Sombra) se desencadenó y causa tensión entre los vecinos geográficos. El detonante del conflicto fue el traslado “no coordinado” de una familia de 11 personas (incluyendo varios menores de edad y algunos bajo asistencia médica) desde la ciudad de Azul hasta la estación de trenes de Tandil.
Las personas quedaron en la estación —actualmente inactiva— en estado de extrema vulnerabilidad. El municipio de Tandil activó de urgencia un protocolo de contención social e infraestructura. Mientras, acusó a la gestión azuleña de “desentenderse” de una problemática social local y trasladarla a otro distrito sin ningún tipo de aviso o articulación previa.
A su vez, llevaron el asunto al ámbito judicial e iniciaron acciones administrativas formales para exigir que Azul asuma los costos económicos de la asistencia social.
La defensa de Azul
Desde el Ejecutivo de Azul argumentaron que el traslado se realizó a pedido explícito de los integrantes de la familia, quienes expresaron tener allegados y posibilidades de alojamiento en Tandil.
Ahora interviene la Justicia: se abrió una causa penal por averiguación de ilícito tras las denuncias para determinar las responsabilidades de los funcionarios azuleños en el procedimiento de traslado, la interrupción de la asistencia médica de los menores y el abandono en la vía pública.
Según las autoridades tandilenses, la familia trasladada contaba con una medida judicial activa en Azul por una causa de lesiones leves y amenazas. La Justicia local había ordenado que la familia tuviera una custodia policial dinámica, la cual fue interrumpida abruptamente cuando el municipio azuleño los sacó de su vivienda de forma apresurada y los subió a la combi, de acuerdo a la denuncia en el expediente.
La acusación
El opositor concejal azuleño de la UCR, Agustín Puyou, formalizó una presentación espontánea ante la Fiscalía N° 24 de Azul contra el secretario de Desarrollo de la Comunidad de esa localidad, Omar Rubén Seoane. Apuntó directamente a los presuntos delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Recientemente, el edil amplió la denuncia penal.
La presentación judicial incluyó audios de WhatsApp enviados por el propio padre de la familia el día del viaje y registros fílmicos. Tras las interpelaciones en el Concejo Deliberante, se acusó al funcionario azuleño de contradecir sus versiones periodísticas y admitir que no se había verificado de antemano ningún alojamiento ni oferta laboral real para el grupo familiar en Tandil, configurando un engaño o falsa promesa de bienestar.
Pese a que se abrieron mesas de diálogo, Tandil ratificó enfáticamente que no abandonará la vía legal.
La Justicia penal continúa determinando las posibles responsabilidades de los funcionarios de Azul y los perjuicios económicos generados.
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