Catalejo
Los resultados y efectos a largo tiempo para mantener el atraso del país tienen como causa acciones no solo ilegales sino contraproducentes.
Los resultados y efectos a largo tiempo para mantener el atraso del país tienen como causa acciones no solo ilegales sino contraproducentes. Menciono dos: los resultados educativos demostrados por la medición de la entidad internacional PISA y la ilegal interrupción del tránsito vehicular en todo el país como una forma de presionar para el descenso de los precios de la gasolina y el diésel. La primera demuestra descenso de 37 puntos en lectura, 22 en ciencias y 10 en matemáticas, lo cual coloca a Guatemala en el último lugar latinoamericano. Esta evaluación, la tercera realizada, busca medir científicamente el nivel de conocimiento de alumnos de 15 años, realizada el año pasado. Es grave, porque mejorarlas y superarlas necesita el paso de muchos años.
Evidentemente, la capacidad actual de los estudiantes demuestra una dificultad para adaptarse a y funcionar en la vida laboral, reflejándose en los posibles ingresos en los salarios. No se necesita ser genio para ver la serie de factores causantes de esta tragedia: incapacidad de las autoridades educativas, deficientes programas de estudio, muchos profesores con poca capacidad y sin vocación suficiente, escuelas sin mantenimiento, etcétera. Si a eso se agrega la poca nutrición de los alumnos, sobre todo en las áreas rurales, la dificultad de llegar a las aulas desde aldeas hasta municipios, la dificultad de comunicación a causa del uso de lenguas indígenas, estamos hablando de un laberinto.
La segunda acción tiene sus propias características y es resultado de la ignorancia de quienes la organizaron y participan en el funcionamiento del mercado internacional, tema ajeno a la capacidad del Estado guatemalteco y causante de graves daños sociales, laborales y económicos. Los gasolineros, al impedir el paso de las carreteras y cerrar las estaciones, provocan daños a todo el país. Su única actitud con algún tipo de lógica es la presión para bajar o eliminar los impuestos, decididos por el gobierno y en realidad única posibilidad real. Este dinero está dirigido supuestamente al mantenimiento correcto de las carreteras, meta incumplida por causa directa de la corrupción: amiguismo, contratos inflados y otorgados a muchas empresas de papel.
Los efectos de las interrupciones del paso pueden significar fallecimiento o lesiones de personas llevadas en ambulancia a los hospitales. En este caso se trata de homicidios culposos, imprudentes y por tanto merecedores de castigo legal para quien los haya realizado o provocado, como por ejemplo el jefe de alguna agrupación laboral de vehículos. Urge entonces una legislación específica, por varios motivos: a) evitar paros o manifestaciones por cualquier motivo; b) identificarse, estar al frente y no dañar la propiedad; 3) aceptar la culpabilidad personal propia y de los demás organizadores. 4) aceptarla también respecto a los daños provocados y 5) abstenerse de ejercer violencia contra las autoridades policiales llamadas para intervenir.
Esos temas están delimitados en países democráticos, donde el orden público es un derecho ciudadano. Si es violado, la autoridad tiene derecho a la represión, es decir la acción violenta dentro de la ley contra manifestaciones ilegales también violentas. Esta violencia legal también puede ser motivo de muertes y lesiones graves ilegales y su empleo necesita agentes policiales entrenados y capaces. Los organizadores de las manifestaciones no pueden alegar ignorancia de la ley, ni de la responsabilidad de disturbios a punto de romperla. El rechazo popular a estos disturbios, aunque sean espontáneos, se debe a estar sufriendo efectos de estas acciones. Por ejemplo, la reacción a acciones represivas entre quienes han sufrido la muerte de un ser querido.