Durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre, la Red de Defensores de los Derechos Humanos de China (CHRD), una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales y activistas chinos e internacionales independientes, denunció que las autoridades chinas siguen recurriendo a torturas contra los presos de conciencia.
Conforme a lo expuesto en el informe de la CHRD, un preso de conciencia es toda persona encarcelada por su raza, religión, idioma, orientación sexual o ideas políticas, siempre que no haya utilizado ni promovido la violencia. Sin embargo, las denuncias apenas desembocan en investigaciones o sanciones contra los presuntos responsables.
Frente a este escenario, en el informe, la organización, que impulsa reformas pacíficas basadas en el estado de derecho y los valores democráticos en China, analiza 209 casos de supuestas torturas registrados entre el 2016 y el 2025 en distintas zonas de China, además de entrevistas con 25 defensores de derechos, familiares y abogados.
Por lo tanto, según la CHRD, en uno de cada cinco casos examinados se denunciaron palizas por parte de las autoridades chinas, mientras que otros afectados afirmaron haber sufrido descargas eléctricas o aislamiento, prácticas que constituyen una violación de los derechos humanos y se clasifican legalmente como tortura y tratos crueles.
Prácticas prohibidas
De acuerdo con la CHRD, el 35% de los entrevistados describió la privación de atención médica adecuada como la forma de maltrato más mencionada en el documento. Además, al menos 16 personas murieron bajo custodia como aparente consecuencia de estas prácticas, que están estrictamente prohibidas por el derecho internacional.
Ante esta situación, la CHRD sostiene que las torturas se emplean para obtener confesiones y señala que más de la mitad de los presos de conciencia incluidos en el informe habían sido encarcelados por “provocar peleas y altercados”, un delito que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha considerado de formulación vaga.
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Dadas las circunstancias, la CHRD afirmó haber encontrado referencias a investigaciones judiciales sobre denuncias de tortura únicamente en dos de los 209 casos estudiados, los de Ding Jiaxi y Huang Xueqin, dos prominentes defensores de los derechos humanos en China que han sido víctimas de la campaña de represión civil.
Asimismo, en el caso del activista Ji Xiaolong, un tribunal aceptó excluir una confesión al considerar que había sido obtenida mediante malos tratos. Esta fue la única decisión de este tipo localizada por la CHRD en los expedientes revisados. Sin embargo, el tribunal posteriormente lo condenó, pese a que Ji denunció haber sufrido graves torturas.
No hay sanciones por torturas
En el informe, la CHRD indicó que tampoco encontró constancia de que ningún funcionario hubiera sido sancionado por torturar a presos de conciencia en los casos analizados, a pesar de que las prácticas están prohibidas por la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y por las normas internacionales de derechos humanos.
De conformidad con la ONU, el uso de palizas, descargas eléctricas y aislamiento constituye una grave violación de los derechos humanos y se clasifica legalmente como tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, estas prácticas prohibidas pueden causar severos daños físicos y profundos traumas psicológicos a largo plazo.