Más de siete meses han pasado desde de que Uber Eats se comprometiera a dejar de repartir con autónomos en España, lo que está testando la paciencia del Ministerio de Trabajo, que había recibido indicios de que la empresa de reparto dedicaría el verano a completar este giro y, sin embargo, se ha encontrado con una parálisis de las negociaciones.
Cuando el pasado enero anunciaron el cambio de modelo, desde la compañía se pensaba que habría una solución rápida, sin embargo esto no ha ocurrido y las conversaciones se han enquistado, trasladan desde CCOO, presente en las negociaciones con la empresa, que fecha en junio las últimas reuniones formales. Esto podría demorar hasta final de año el cambio de modelo.
Sin embargo, fuentes de Uber aspiran a que el proceso quede culminado antes de final de año y trasladan que más de 10.000 autónonos ya han pasado a trabajar con las flotas desde enero. Frente a este calendario, los sindicatos ven probable que pueda ocurrir, pero también que este se lleve a cabo sin acuerdo con la parte social.
"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Seguimos trabjaando con repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar una transición ordenada y responsable", traslada un portavoz de la comapñía.
Uber Eats se sentaba en la mesa con un acuerdo con la Inspección de Trabajo bajo el brazo para zanjar los más de 110 millones de euros de deuda con la Seguridad Social que tendría desde 2022 por el empleo de unas 60.000 personas en ese periodo. Además, también cerró rápidamente el acceso a autónomos al alta en la plataforma.
En su lugar, ahora aparece la posibilidad de echar el currículum en poco menos de una decena de empresas de flotas, las subcontratas en las que ya se apoyaba la compañía y que ahora quiere reforzar para que se conviertan en su nueva mano de obra.
Unas maniobras que también ha hecho Glovo en su proceso de regularización y que se han encontrado con una fuerte respuesta sindical, que considera que estas compañías de reparto son empresas pantallas que ceden de forma ilegal los trabajadores a los sindicatos y vaticinan una nueva batalla laboral en el sector. "Hemos pasado de pelear la laboralización a pelear el cómo se laboraliza", trasladan estas fuentes.
Uber Eats ya ha superado el plazo que necesitó Glovo para su transformación. La compañía española anunció en diciembre de 2024 que haría la transición de modelo y a mediados de julio del año siguiente los primeros repartidores empezaron a firmar sus contratos.
La operativa con contratados se ha mostrado desafiante tanto a nivel de funcionamiento en el día a día como de rentabilidad, según ha detallado el dueño de Glovo (Delivery Hero) en sus cuentas. De hecho, la empresa española tuvo que hacer un despido colectivo para 436 trabajadores el pasado mayo, 300 menos de los que propuso inicialmente, para adecuar su estructura a su nueva dimensión económica. Aún así, la entidad cuenta en plantilla con más de 10.000 repartidores. No es la única compañía que ha realizado ajustes.
Sin embargo, en el caso de Uber la situación es distinta. Glovo contrató en nómina a casi 14.000 repartidores porque fue obligada a esta alta de oficio por parte de la Inspección de Trabajo, algo que no ha ocurrido con Uber Eats.
La empresa estadounidense se ha abierto a trabajar únicamente con personal con contrato laboral, pero en ningún momento ha puesto sobre la mesa que ese cambio se produzca mediante la entrada en nómina por parte de Uber de los repartidores, sino que la idea es que sean las flotas quienes asuman ese rol. Una posición que no contenta a los sindicatos.
Pulso con el Gobierno
El pulso entre Yolanda Díaz y Uber se reavivó a finales del año pasado cuando la ministra de Trabajo arremetió públicamente contra la empresa el pasado octubre y aseguró que esta «no iba a tomar el pelo» al Gobierno de España.
Más allá de las cuantiosas inspecciones de trabajo y la ya millonaria deuda con la Seguridad Social, la otra herramienta que tiene el Gobierno desde 2022 es crear un caso penal.
En ese año, reformó el Código Penal con un nuevo delito contra los trabajadores con penas de hasta seis años para los empresarios que «impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa».
Ese mismo año, Uber había protestado por carta ante el Gobierno por la falta de cumplimiento de la Ley Rider por parte de Glovo. La falta de repercusiones inmediatas propició que la compañía adoptara la misma estrategia que la española y comenzara a utilizar autónomos, una vía que aún siguen defendiendo ambas empresas en los juzgados.