El problema de la vivienda es un tema recurrente en el Congreso de los Diputados. Menos frecuente es la convergencia de los distintos partidos para sacar adelante medidas concretas con las que atajar el que es, según el CIS, la principal preocupación de los españoles. A lo largo del curso político que acaba de terminar, la Cámara Baja no ha aprobado ninguna iniciativa de calado en materia de vivienda. Sí ha asestado varias derrotas parlamentarias al Gobierno al derogar la moratoria antidesahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Frente al rechazo a estas medidas de protección social, el PP ha logrado que se empiecen a tramitar de nuevo sus propuestas para reformar la ley del suelo y tomar medidas contra la ocupación ilegal, dos textos que ya llevaban un año bloqueados en el Congreso.
Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el Congreso ha debatido y votado ocho iniciativas legislativas de distinto color político con medidas para abordar la crisis habitacional. Tres de esas votaciones han sido convalidaciones de decretos, es decir, votaciones en las que, en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, la Cámara Baja decide si acepta o no una norma elaborada por el Gobierno con carácter urgente. Si la rechaza, las medidas que contenga decaen, como pasó en abril con la prórroga extraordinaria de los alquileres.
Aquella posibilidad de extender los contratos que finalizaran antes del 31 de diciembre de 2027 sin subir el precio fue una medida que Sumar presionó para sacar adelante. Los ministros del socio minoritario llegaron a escenificar un plantón de dos horas en el Consejo de Ministros para forzar que se atendiera la propuesta reclamada por los partidos a la izquierda del PSOE. Los socialistas acabaron accediendo, pero la prórroga quedó sin efectos cinco semanas después, cuando Junts, Vox y el PP la tumbaron en el Congreso.
Sumar se comprometió entonces a volver a aprobarla en el Consejo de Ministros "las veces que haga falta". A finales de julio, la formación liderada por Yolanda Díaz y el PSOE anunciaron un acuerdo en el seno del Gobierno para dar luz verde a una nueva prórroga dentro del decreto con medidas en materia de vivienda que el Ejecutivo preveía aprobar antes de agosto —el borrador pactado incluía otras muchas medidas como bonificaciones fiscales a propietarios, un IVA del 21% para los pisos turísticos y cambios en la ley del suelo—. Sin embargo, la falta de apoyos para convalidar ese texto en el Congreso —tanto Junts como Podemos se mostraron en contra—, provocó que el Ejecutivo pospusiera a septiembre su aprobación, en busca de más tiempo para negociar.
Esa ausencia de respaldo parlamentario a las medidas del Gobierno ha hecho caer la moratoria antidesahucios en dos ocasiones, primero dentro del decreto que recogía también la subida de las pensiones para 2026 y después desgajada en un texto aparte, junto al resto de medidas del denominado 'escudo social', como el bono social energético. En ese segundo intento, el Gobierno pactó con el PNV excluir a los propietarios de dos o menos viviendas de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables en caso de impago. Aun así, Junts, Vox y PP volvieron a votar en contra, alegando que esa medida favorecería la ocupación ilegal.
Aparte de esos tres decretos rechazados, a lo largo de este curso político el Congreso también ha debatido la toma en consideración de cinco iniciativas legislativas relacionadas con la vivienda presentadas por los propios partidos. Este paso consiste en que la Cámara Baja decide si acepta o no empezar a tramitar una propuesta de norma. En caso de recibir luz verde, ese borrador comienza su andadura parlamentaria.
De estas cinco proposiciones de ley, dos no superaron ese primer trámite, de manera que fueron directamente descartadas. Corrió esta suerte una propuesta de ERC para penalizar la acumulación de viviendas en manos de grandes tenedores con un nuevo impuesto a la compra a partir del tercer inmueble, eliminar los beneficios fiscales a las socimis y elevar el IVA a los pisos turísticos. Las abstenciones de PNV y Junts y los votos en contra de PP y Vox frustran su tramitación. La otra proposición de ley rechazada ya en esta primera instancia fue una de Sumar para prohibir la compra de casas por parte de empresas. Solo ERC, Bildu y Podemos lo apoyaron. Los de Yolanda Díaz han vuelto a registrar el mismo texto.
Pisos turísticos, ocupación y suelo
Las tres iniciativas restantes sí consiguieron superar este primer paso y se encuentran en tramitación en el Congreso, aunque con escasos avances. Una de ellas es una proposición de ley presentada por Bildu para multar con hasta un millón de euros a las plataformas que anuncien pisos turísticos ilegales. Lo apoyaron el resto de la izquierda, PNV y Junts, pero lleva en punto muerto desde febrero. Las otras dos son dos iniciativas del PP para tomar medidas contra la ocupación ilegal, por un lado, y reformar la ley del suelo y derogar la ley de vivienda, por otro.
Los de Alberto Núñez Feijóo ya aprobaron la toma en consideración de sus textos el año pasado con su mayoría absoluta en el Senado, pero denuncian que el Congreso los metió en un cajón. Para sortear ese bloqueo, en febrero volvieron a empezar de cero, esta vez directamente en la Cámara Baja. Vox respaldó iniciar la tramitación de ambas iniciativas, mientras que el PNV se abstuvo en ambos casos y Junts apoyó la reforma de la ley del suelo y se abstuvo en la de ocupación. Pese a superar ese primer trámite, siguen todavía en fase de presentación de enmiendas, con lo que ni siquiera se ha empezado a debatir su contenido concreto.
La propuesta impulsada por los partidos a la izquierda del PSOE para regular el alquiler de temporada, que empezó su andadura parlamentaria en octubre de 2024, es un ejemplo de que superar la toma en consideración no garantiza que una iniciativa avance. A finales del año pasado hubo un intento de reactivarla: PSOE, PNV y toda la izquierda acordaron finalmente un texto de consenso tras meses de bloqueo, pero todavía no se ha votado definitivamente. El Gobierno pretende ahora incluir esta regular del alquiler de temporada en el decreto que preveía aprobar en julio y ha pospuesto a septiembre, aunque el reto en el nuevo curso seguirá siendo el mismo: conseguir los apoyos necesarios para convalidarlo después en el Congreso.