El presidente Javier Milei brindó ayer una cadena nacional en la que volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció una serie de medidas vinculadas a ese tema, las cuales se traducen en un proyecto a enviarse en los próximos días al Congreso de la Nación y una serie de acciones del propio Poder Ejecutivo para incrementar capacidades militares.
En el mensaje transmitido este jueves, Milei firmó un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra empresas que participen en extracciones de petróleo en el archipiélago bajo ocupación británica, lo que dejará a esas compañías inhabilitadas para operar en Argentina. A mediano plazo, el mandatario anunció el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecería las penas contra operaciones no autorizadas y crearía el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo de aplicación transversal que articularía Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además, el Gobierno destinará fondos adicionales al Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de convertir a la zona en el principal polo logístico del Atlántico Sur.
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Hay avances que ya se conocieron esta misma jornada con la publicación del Boletín Oficial a través de tres medidas. Uno de los decretos reglamentó sanciones y excluirá del RIGI a empresas vinculadas con explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas como las que implementan las compañías británica Rockhopper e israelí Navitas a través del proyecto Sea Lion. En paralelo, Milei firmó un DNU que modifica ciertas partidas presupuestarias, que también se materializaron a través de una Decisión Administrativa rubricada por el jefe de Gabinete Diego Santilli.
Esta última decisión había sido adelantada ayer por la noche en A24 por Pablo Quirno, quien afirmó que uno de los segmentos “otorga partidas para el comienzo de la construcción de la Base Naval Integrada”. A través de una modificación de los créditos que tiene el Ministerio de Defensa, la cúpula de la Casa Rosada dispuso de “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo” de $ 114.732 millones que se destinarán mayoritariamente para las obras que ratificó ayer el canciller.
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Fue la misma administración libertaria la que decidió recortar el envío de fondos destinados para la construcción de esa base, que se trata de una iniciativa comenzada en marzo de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Jorge Taiana como ministro de Defensa.
Aun así, fuentes gubernamentales ya decían a Infobae a comienzos de año que estaba la intención de volver a retomar esas obras. En las altas esferas de la Casa Rosada se evaluó apelar a un fondeo por parte de Estados Unidos, debido a que la inversión aproximada para su construcción excedía las pretensiones propias del gobierno argentino: altísimas fuentes del Ministerio de Defensa estimaban que terminar la base naval podría implicar entre 400 y 500 millones de dólares.
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Hoy esa posibilidad está desestimada. Al menos por ahora. “En un momento tuvimos un pequeño y austero ofrecimiento de Estados Unidos con algunos de estos fondos que manejan, pero era muy chico”, afirma una inobjetable fuente del gobierno argentino.
Al ser consultado esta mañana por Radio Mitre acerca de si habrá una presencia concreta de Estados Unidos en la Base Naval Integrada, Quirno negó esa posibilidad y marcó: “Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés y defendiendo los intereses argentinos”. “Nosotros consideramos que Tierra del Fuego es el punto neurálgico del Atlántico Sur y, en ese sentido, tiene muchísimas funciones como ser el acceso más corto y accesible a la Antártida. Ahí hay una cuestión de servicios políticos… Servicios logísticos, perdón, que se pueden dar a los países que también están actuando en Antártida. También nos sirve para el monitoreo de nuestro propio Mar Argentino que es muy muy extenso”, agregó.
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La prioridad de los fondos que se desembolsarán en los próximos años es para la construcción de la Base Naval Integral, pero también está previsto que se aumenten fondos para la Base Antártica Conjunta Petrel.
“Los dos están previstos como máxima prioridad dentro de lo que es el Plan ARMA, que es aquel dinero que nos va a estar viniendo por la venta del 70% de inmuebles del ámbito de la defensa o el 10% de la venta o el alquiler de inmuebles. El binomio es la Base Naval Integrada y Petrel. Vemos un crecimiento de ambas en paralelo con diferentes etapas”, agregan. A los funcionarios del ámbito de la Defensa les interesa la idea de conectar la Base Naval con la Base Petrel, la única que tiene entradas tanto para embarcaciones como para aeronaves.
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En abril de este año, el astillero TANDANOR completó la estructura del Módulo I para avanzar en la construcción del Módulo II. Si quieren incrementar capacidades, el Gobierno deberá mejorar los envíos de fondos para esa empresa pública, ya que la variación interanual real de fondos enviados por la Administración Nacional fue de -63,24%, según informa el Monitor de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
En la hoja de ruta de los funcionarios libertarios se habla de un proceso de cuatro años como mínimo. Se habla de una inversión de entre 100 y 150 millones de dólares por año. “Creo que entre el Plan ARMA, el FONDEF [El Fondo Nacional de Defensa] y otras partidas que le escuché al Presidente ayer en cadena nacional, lo podremos hacer”, concluyen. Cabe aclarar que ese fondo presupuestario se vació por completo en el diseño de la Ley de Presupuesto 2026, por lo que esa declaración sugeriría que puede llegar a contemplarse una restitución para el proyecto para el período 2027.
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En las modificaciones presupuestarias que se dieron a conocer a través del DNU 867/2026 también figuran un incremento de los gastos figurativos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) por $ 117.000 millones. Fuentes de la Casa Rosada aseguraron a Infobae que una buena parte de estos fondos buscan estar direccionados para el desarrollo de satélites.
Como última novedad, el Gobierno anunció que la próxima misión satelital de la CONAE se encuentra en etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP. Se trata del SABIA-Mar, que incorporó una actualización tecnológica que amplió sus capacidades para generar información estratégica destinada a la producción, la seguridad, la investigación científica y la gestión ambiental; la puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027.
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El eje legislativo del anuncio es el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con dos componentes centrales. El primero endurecería la Ley 26.659: las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas quedarían inhabilitadas para contratar en el territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y quedaría habilitada, cuando corresponda, la figura del juicio en ausencia para los infractores.
El segundo componente crearía el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo de aplicación transversal y obligatoria para todo el Estado, con el mandato de articular las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. “Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, sostuvo Milei. Se trata de un isomorfismo del National Security Council de Estados Unidos. Altísimas fuentes de la Cámara de Diputados de la Nación confirmaron a Infobae que aquel proyecto “está al caer”. Seguramente entrará formalmente la semana próxima, aunque todavía no está decidido cómo será la urgencia para su tratamiento. El oficialismo que lidera desde la Presidencia del recinto Martín Menem no tiene mayores proyectos para tratar en el recinto, ya que la mayoría se encuentran en el Senado. Dado el desgaste que el Gobierno sufrió con los bloques aliados en el último año, el oficialismo podría aprovechar el proyecto vinculado a Malvinas para conseguir insertar otros temas en sesión.
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Aun así, Menem estaría particularmente interesado en tratar el proyecto con cierta celeridad. Su padre Eduardo Menem fue uno de los ideólogos de que en 1994 se incorporara una cláusula constitucional que estableciera que la recuperación de Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable; asimismo, en 1998 impulsó en el Senado un proyecto para sancionar e inhabilitar a las empresas que explotaran recursos en las islas, pero sin autorización argentina. Ese proyecto no llegó a convertirse en ley, pero anticipó parte de la lógica que después quedó plasmada en la Ley 26.659, impulsada y sancionada durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner.