Un “cri” para reclamar una firma pendiente, conversaciones sobre el depósito de San Fernando, referencias a dejar dinero para “los muchachos” y mensajes por USD 6.000 destinados a “Gerardo” integran las comunicaciones que la Fiscalía incorporó como nueva prueba en sustento del pedido de procesamiento, en la causa por las contrataciones de ARSAT con Argentina Logistic Services S.A. (ALS).
Se investigan contratos de fletes, transporte, grúas, depósito y servicios asociados a un predio en San Fernando otorgados entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024. La Fiscalía Federal de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostienen que la firma privada habría sido favorecida mediante un acuerdo con funcionarios de la empresa estatal para la renta del lugar donde se almacenaron equipos de alto costo de la empresa de telecomunicaciones estatal, hasta que un robo derivó en una megacausa por supuesta corrupción.
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Se guardaban en contenedores tecnológicos (shelters) usados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica y eran considerados bienes “estratégicos” para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.
La fiscalía pidió procesar a todos los acusados y en el caso puntual del ex titular de ARSAT Facundo Leal, reclamó que la medida sea con prisión preventiva.
La acusación reúne mensajes, listados de llamadas, registros de antenas, documentación administrativa y declaraciones testimoniales. El planteo fiscal es que esas piezas deben ser leídas de manera conjunta y no como episodios aislados.
El 20 de octubre de 2021, según surge de las comunicaciones citadas en el pedido de procesamiento, Diego Padilla, directivo de ALS, le envió al entonces funcionario de ARSAT Gerardo Boschin un mensaje breve: “cri”.
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La Fiscalía interpretó esa expresión como un reclamo por el paso del tiempo sin avances en la contratación del galpón. Boschin respondió: “Perdón, estaba con gente. Está a la firma de Facu. Ya lo veo con él y te aviso”. Para la acusación, la referencia a “Facu” alude a Facundo Leal, el por entonces director de ARSAT y además -remarcó el fiscal federal Fernando Domínguez- a cargo del área de “Compliance” de la empresa. En allanamientos a sus domicilios en el barrio porteño de Palermo y en Mendoza se secuestró droga y USD 2,4 millones en efectivo. Al ser indagado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli negó todas las acusaciones.
Boschin, por su parte, se desempeñó como subgerente de Compras y Contrataciones de la empresa estatal desde el 28 de febrero de 2020. En septiembre de 2022 asumió como gerente de Compras y Contrataciones y, en 2024, pasó a la Gerencia de Administración y Finanzas. El funcionario se presentó a declaración indagatoria, pero no brindó explicaciones sobre el fondo de los hechos imputados. Su defensa indicó que no había tenido acceso a la totalidad de la prueba incorporada en el expediente.
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La Fiscalía también reconstruyó una comunicación del 27 de abril de 2021 en la que Boschin le propuso a Padilla reunirse en un bar de Nordelta. Dos días después, el 29 de abril, Padilla le escribió a su socio de ALS, Fernando Paredes: “Cerrado tema depósito. Avancemos a full. Tendríamos que hacer un contrato entre ALS y ARSAT, ¿no? ¿Se lo tendrías que pedir?”.
Para los fiscales, el mensaje es relevante porque fue enviado antes de la formalización del procedimiento que concluyó con la contratación del predio de San Fernando. La hipótesis es que la decisión de favorecer a ALS ya se encontraba en marcha y que el trámite administrativo sirvió para instrumentarla.
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Los empresarios Padilla y Paredes en sus descargos, sostuvieron que ALS buscaba desde 2020 un predio propio por motivos operativos y comerciales. También afirmaron que la posterior necesidad de ARSAT coincidió con ese proyecto, sin que ello demostrara un conocimiento anticipado de la contratación.
Otro de los mensajes citados por la Fiscalía fue enviado el 21 de diciembre de 2020. Después de una reunión presencial en ARSAT, Padilla le escribió a Sofía Varela Vizgarra, empleada de ALS: “Estoy en ARSAT. Viene todo perfecto… Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.
La acusación encuadra ese diálogo dentro de su hipótesis sobre la existencia de pagos indebidos y retornos vinculados con los contratos otorgados a ALS. Según el pedido de procesamiento, parte de los fondos abonados por la empresa estatal habría sido utilizada para beneficiar a funcionarios y al intermediario Santiago Pando.
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Varela Vizgarra negó conocer entregas de dinero o retornos. Afirmó que cumplía tareas operativas y administrativas, que no definía contrataciones ni precios y que tampoco manejaba fondos de la sociedad.
Una de las comunicaciones centrales de la acusación está fechada el 16 de mayo de 2022. Poco antes, ARSAT había cancelado facturas por diferentes conceptos asociados al depósito de San Fernando.
En ese contexto, Paredes le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay”.
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La Fiscalía sostiene que ese mensaje debe ser valorado junto con los demás diálogos, los registros de comunicaciones telefónicas y la documentación relativa a las contrataciones. Su planteo es que las referencias a entregas de dinero formarían parte de un esquema de contraprestaciones indebidas.
Padilla y Paredes negaron haber dado dinero, bienes o beneficios a empleados de ARSAT. Ambos reconocieron que ALS abonó una comisión a Pando, pero afirmaron que se trató de una retribución comercial válida por haber acercado el negocio con la empresa estatal.
“Esto es para Pando por negocios ARSAT”
El expediente también cita una conversación del 2 de marzo de 2022 entre los dos directivos de ALS. Paredes le informó a Padilla que habría fondos disponibles y preguntó cuándo debía realizarse la entrega. “Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati 15 mil dólares de operaciones realizadas, más 15 mil dólares por tres meses de depósito, llamame cuando hay que entregarlo”. Luego agregó: “Esto es para Pando por negocios ARSAT”.
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Paredes sostuvo en su descargo que Pando era un intermediario privado y que la comisión constituía el pago por la obtención de un cliente. También argumentó que las alusiones a ARSAT en las discusiones internas sobre montos no prueban que el dinero hubiera tenido como destino a funcionarios de la compañía estatal.
La Fiscalía plantea lo contrario: considera que las comunicaciones, analizadas junto con el resto de los elementos reunidos, pueden permitir determinar si los pagos presentados como comisiones encubrían retornos ligados a las contrataciones.
Otra secuencia bajo análisis corresponde al 6 de octubre de 2021, cuando avanzaban las gestiones para cerrar el contrato del depósito. Según la reconstrucción fiscal, Pando le escribió a Boschin: “Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza”.
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Boschin respondió: “No se puede creer. Échalo y ponete a laburar”.
En esa misma jornada, ante la pregunta “¿Tenemos novedades del depósito?”, Boschin contestó: “Sí, me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC. Te confirmo mañana sin falta”.
La “OC” refiere, según el expediente, a la orden de compra. Para los investigadores, los mensajes y las llamadas registradas ese día conectan las gestiones de los privados con el avance de un trámite interno de ARSAT.
Facundo Leal está detenido con prisión domiciliaria en otra causa vinculada a la droga hallada en su departamento de Palermo. Al ser indagado en San Isidro alegó que no tenía facultades de decisión cuando comenzó el vínculo entre ALS y la empresa estatal.
También sostuvo que no existen comunicaciones que lo muestren participando de manera directa en la presunta maniobra y cuestionó que se pretenda derivar responsabilidad penal de referencias a su nombre en diálogos de terceros.
La Fiscalía contrapuso que ocupó posiciones jerárquicas en ARSAT durante la continuidad de las contrataciones. Según el expediente, fue designado presidente del directorio en 2022 y, el 20 de febrero de 2024, asumió como “responsable del área de Compliance” de la compañía.
Para la acusación, esa última función resulta especialmente relevante porque implicaba deberes de integridad, prevención y control interno. El escrito refiere además a comunicaciones en las que Leal se habría interesado por la situación de ALS una vez iniciada la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, Leal habría dicho que alguien se había “ido de boca en la fiscalía” y pidió averiguar qué dependencia intervenía en el expediente. Los fiscales sostienen que ese comportamiento debe ser analizado frente a las “particulares obligaciones de integridad, prevención y control” que pesaban sobre él como responsable de Compliance.
Los listados de llamadas incorporados a la causa muestran, según la Fiscalía, que integrantes de ALS, funcionarios de ARSAT y Pando mantenían canales de comunicación telefónica asiduos. A esos registros se sumaron los impactos de antenas y datos de geolocalización de los dispositivos.
El pedido de procesamiento afirma que los mensajes, las llamadas, los trámites administrativos y las reuniones permiten reconstruir un acuerdo destinado a favorecer a ALS. En esa línea, los fiscales señalaron que “las maniobras tendían a justificar los precios de ALS y cristalizan las negociaciones espurias”. La hipótesis acusatoria es que el beneficio para la firma privada luego se habría traducido en retornos para funcionarios públicos.
ALS está imputada por supuestas contrataciones irregulares por U$S 1.912.000 y $130.600.000 con ARSAT, pero además hay que sumar “el perjuicio económico que se habría generado por la sustracción de numerosos elementos de ARSAT que estaban almacenados en el predio de San Fernando de ALS S.A., episodio ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el cual asciende a las sumas de USD 151.126, $1.651.047,66 y $3.383.805, según la valuación de la damnificada”, se recordó la semana última en una resolución de la Cámara Federal de San Martín, el tribunal de apelaciones que revisa la causa.