Tras décadas con la idea de trabajar desde primera hora de la mañana hasta casi acabar la tarde normalizada siempre que haya un descanso para comer en medio, algunas voces plantean ahora una reforma legal para acabar con uno de los horarios más extendidos en el comercio y la hostelería españoles. “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”, sostiene la abogada laboralista Virginia López Bello, en un video publicado en sus redes sociales.
López Bello defiende que la legislación debería dejar de favorecer económicamente la jornada partida. La reforma, aclara, no obligaría a los comercios y restaurantes a adoptar un horario concreto. Ninguna norma exigiría que la frutería abra de ocho a cuatro o que un restaurante sirva el menú a las doce. Tampoco se trataría de convertir España “en Dinamarca el lunes”.
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Para explicar cómo pueden cambiar las costumbres cuando cambian las reglas, la abogada recurre a un ejemplo cotidiano: hubo un tiempo en que fumar en un restaurante era normal y hoy esa práctica “nos parecería absurdo”. El objetivo sería, por tanto, alterar el coste de las distintas opciones de organización laboral. Si la jornada partida deja de ser la alternativa más barata, argumenta López Bello, las empresas tendrán mayores incentivos para adoptar otros modelos y los consumidores acabarán adaptándose a ellos.
La abogada también vincula su propuesta con el impacto que determinados horarios tienen sobre los trabajadores. Comercio y hostelería figuran entre las actividades con más bajas laborales relacionadas con trastornos mentales en España, a la par que las bajas por síntomas emocionales han aumentado en los últimos años, según señala. “¿Cuánto nos cuesta a las arcas públicas mantener modelos laborales que generan estrés, sobrecarga y enfermedad?”, pregunta López Bello.
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Su argumento se basa en una idea más amplia: el trabajador no debería considerarse únicamente un coste empresarial. Un empleado con más tiempo libre también puede disponer de más tiempo para consumir, viajar, acudir a restaurantes o practicar deporte, con el consiguiente impacto sobre la economía.
López Bello cuestiona además la distinta consideración que reciben los hábitos de consumidores y trabajadores. A su juicio, al consumidor se le trata como una “especie protegida”, incapaz de modificar sus rutinas si no puede comprar una camiseta a las 21.47. Al trabajador, en cambio, se le pide adaptarse a comer a las tres de la tarde, cenar a las diez, pasar horas entre turnos y regresar a casa cuando el día prácticamente ha terminado. La abogada relaciona esta situación con “los problemas de conciliación y salud mental” que posteriormente generan preocupación.
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La propuesta se enfrenta al argumento de que encarecer la jornada partida podría destruir empleo y perjudicar a las pequeñas empresas. López Bello responde que se trata de “el mismo apocalipsis que se anuncia cada vez que se mejora un derecho laboral”. La abogada recordó otras reformas laborales que también suscitaron advertencias sobre sus consecuencias económicas, como la reducción de jornada o el reconocimiento de vacaciones y nuevos descansos.
El empresario David Canales, por su parte, defendió la jornada partida como una necesidad para buena parte del comercio de proximidad. En otro video en redes sociales, citó como ejemplos las fruterías, ferreterías, pequeñas panaderías y bares que concentran su actividad en determinadas franjas del día, y advirtió de que una reforma de este tipo podría poner en riesgo miles de empleos.
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Frente a esa crítica, López Bello insiste en que su planteamiento no pretende acabar con el pequeño comercio ni imponer un modelo extranjero. Su objetivo, resumió, es que la legislación deje de premiar automáticamente la opción horaria más barata para las empresas y favorezca, en cambio, una organización del trabajo que reduzca sus costes sociales.